2026-08-07

La Mesa de Barrios Populares advirtió por obras paralizadas y denunció intentos de desalojo en Bariloche

Se alertó también por 22 casos de vecinos que enfrentan pedidos de desalojo.

La Mesa de Barrios Populares de Bariloche volvió a poner el foco en la situación de los sectores populares. Luego de la movilización realizada este jueves en la ciudad, el referente de la organización, Lucio Celsi, repasó el conflicto generado a nivel nacional por el intento de modificar el marco legal que protege a los barrios populares y planteó cuáles son los principales reclamos que sostienen actualmente.

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En diálogo con El Cordillerano, Celsi destacó que el capítulo referido a los barrios populares fue finalmente retirado del proyecto de ley que impulsaba el Gobierno nacional, luego de la reacción generada entre las organizaciones.

“Venían a quitar todo lo que se había estado trabajando”

Lucio recordó que inicialmente se trataba de una iniciativa mucho más amplia y que uno de sus capítulos apuntaba a eliminar la declaración de utilidad pública de los 6.470 barrios populares registrados en el país.

“Era una barbaridad para los barrios populares. Fue algo muy chocante en un comienzo, por eso reaccionamos y nos agrupamos para fortalecer los vínculos en los que veníamos trabajando, pero en este caso la reacción fue diferente porque venían a quitar todo lo que se había estado trabajando”, sostuvo.

Según explicó, la normativa había permitido avanzar durante los últimos años con obras de infraestructura y programas destinados a la integración sociourbana.

“La ley Renabap fue excepcional en su momento, aunque funcionó por un corto plazo, funcionó bien cuando tuvo el financiamiento apropiado”, afirmó.

En ese sentido, recordó que en Río Negro se ejecutaron 56 obras y mencionó trabajos vinculados con cloacas, electricidad, gas y centros comunitarios.

El reclamo por las obras inconclusas

Para Celsi, el principal reclamo actual pasa por retomar las obras que ya habían comenzado y utilizar los recursos que fueron asignados específicamente para los barrios populares.

La ley de integración sociourbana trajo muchas obras, financiamiento y muchos programas, como era el programa Mi Pieza, por ejemplo. Lamentablemente todo eso se detuvo”, cuestionó.

Y agregó: “Hay incluso amparos realizados y denuncias contra el Ejecutivo que tienen toda la plata congelada. No sabemos que uso le estan dando a esos fondos".

El referente de la Mesa de Barrios Populares sostuvo que existen recursos que deberían destinarse a completar proyectos que ya estaban en marcha.

“Hay una decisión para no destinar esos fondos a los barrios populares. Es una plata que ya está asignada para terminar las obras que se habían comenzado a realizar. Este es el principal reclamo en el que estamos ahora, que se terminen las obras que ya se habían comenzado”, manifestó.

Lucio cuestionó duramente la falta de ejecución de esos recursos y planteó que los barrios continúan esperando obras básicas.

“Prefieren tener la plata dormida ahí que hacer un centro cultural, hacer una canchita de fútbol, mejorar una plaza o darle agua para que las familias argentinas vivan con un poquito más de dignidad. Prefieren incumplir la ley y recibir denuncias antes que mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó.

Para el dirigente, la situación responde a una mirada que perjudica especialmente a los sectores populares.

Hay un sesgo contra las personas que eligen este camino y se los trata de muy mala manera, sin tener en cuenta que las personas que viven en barrios populares son trabajadores”, sostuvo.

La preocupación por los pedidos de desalojo

Además del reclamo por las obras y los fondos destinados a la integración sociourbana, Celsi planteó una situación que, según explicó, están siguiendo desde la Mesa de Barrios Populares de Bariloche.

"Se trata de 22 casos de vecinos que viven en barrios populares y que enfrentan procesos judiciales de desalojo iniciados por una inmobiliaria. Obtuvieron información de forma irregular y hubo casos que escrituraron terrenos con personas que viven en esos lugares hace más de 25 años", afirmó.

“Hay un mecanismo sospechoso de obtención de información por lo que también estamos abocados en ayudar o asistir a los vecinos que estén sufriendo esta situación”, señaló.

Desde la organización anticiparon que continuarán trabajando en el Consejo Social de Tierras, ámbito institucional del que forman parte, además de mantener reuniones con referentes de los distintos barrios para intercambiar información y acompañar los reclamos.

 

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