Acusado de liderar una secta en Bariloche asegura ahora que lo encarcelan por enfrentarse a Putin
El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una organización dedicada a la trata de personas y otros delitos que operaba en Bariloche, sumó un nuevo capítulo. Mientras permanece bajo prisión domiciliaria en una quinta de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, el hombre inició una campaña pública en redes sociales en la que sostiene que es víctima de una persecución por haberse opuesto al gobierno de Vladimir Putin y a la guerra en Ucrania.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó recientemente el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó su traslado a una cárcel común, al considerar que persiste el riesgo de fuga y que las acusaciones en su contra son de extrema gravedad.
Por el momento, Rudnev continuará en la vivienda donde cumple arresto hasta el próximo 25 de junio, fecha en la que una junta médica deberá determinar si su estado de salud le permite regresar a una unidad penitenciaria.
Una causa que se originó en Bariloche
Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche, en el marco de una investigación que se inició a partir de una situación detectada en el Hospital Ramón Carrillo.
El caso comenzó cuando una joven rusa embarazada ingresó al centro de salud para dar a luz y los profesionales advirtieron que no podía tomar decisiones por sí misma. Según relataron posteriormente las autoridades del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata, otras mujeres que la acompañaban hablaban por ella e impedían que mantuviera contacto directo con el personal médico.
A partir de esa situación se abrió una investigación que derivó en allanamientos y en la detención de más de una veintena de personas.
Los investigadores sostienen que Rudnev encabezaba una estructura internacional que funcionaba bajo la fachada de centros de yoga y espiritualidad y que estaría vinculada a delitos como trata de personas, tráfico de estupefacientes, falsedad ideológica, delitos migratorios y maniobras relacionadas con la identidad de menores.
La decisión de la Cámara de Casación
Semanas atrás, la Justicia le había concedido la prisión domiciliaria luego de una intervención quirúrgica por una hernia inguinal.
Sin embargo, los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques revocaron esa medida y ordenaron su traslado a una cárcel común.
En la resolución, los magistrados señalaron que la causa no se limita a un caso de trata de personas, sino que abarca una serie de delitos graves y remarcaron que Rudnev cuenta con recursos económicos, antecedentes de desplazamientos internacionales y escaso arraigo en Argentina.
Además, consideraron relevante que el acusado se haya negado en reiteradas oportunidades a ser examinado por médicos del sistema penitenciario y del Cuerpo Médico Forense, pese a haber invocado problemas de salud para justificar el arresto domiciliario.
El fiscal Fernando Arrigo también había cuestionado el beneficio otorgado, al advertir sobre el riesgo de fuga y las dificultades para controlar el cumplimiento de la medida mediante monitoreo electrónico.
La estrategia del "disidente"
Mientras intenta evitar su regreso a prisión, Rudnev optó por una estrategia poco habitual: exponer públicamente su situación a través de redes sociales.
En distintos videos y publicaciones, se presenta como un "pensador crítico y disidente" del gobierno ruso. Allí asegura haber pasado más de una década en cárceles de su país por haberse opuesto al régimen de Putin y a la guerra, y cuestiona además el funcionamiento de las cárceles y de los sistemas democráticos.
En sus mensajes busca despegarse de la imagen de líder de una secta coercitiva para instalar la idea de que es un perseguido político.
Una investigación que seguirá hasta 2027
La causa es considerada una de las investigaciones más complejas que afronta la Justicia Federal en la región.
Debido a la gran cantidad de pruebas y a la necesidad de coordinar acciones con otros países, la investigación fue prorrogada hasta abril de 2027.
Entre las principales dificultades se encuentra el análisis de más de 12 terabytes de información digital secuestrada durante los allanamientos, gran parte de ella protegida mediante sistemas de cifrado que todavía no pudieron ser vulnerados.
Además, la Justicia deberá coordinar testimonios y medidas de prueba en distintos países, entre ellos Rusia, Alemania e Indonesia.