La Fiscalía amplió la investigación por las contrataciones de maquinaria durante la gestión de Gennuso
La Fiscalía N° 2 de la III Circunscripción Judicial de Bariloche resolvió ampliar la averiguación preliminar iniciada a partir de una denuncia presentada por el intendente Walter Cortés por presuntas irregularidades en contrataciones directas de maquinaria vial realizadas durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso.
La medida fue dispuesta este martes por el fiscal Inti Isla, quien dictó un decreto para extender el plazo de investigación con el objetivo de reunir nuevas evidencias que permitan determinar si existió un delito en las contrataciones efectuadas entre 2019 y 2023 con la empresa OPSA SACI.
La pesquisa se centra en una serie de contrataciones directas mediante las cuales el municipio alquiló camiones, maquinaria vial y otros equipos a esa firma. Según la denuncia impulsada por Cortés, los acuerdos se habrían concretado invocando razones de urgencia y necesidad operativa.
La ampliación de la averiguación preliminar busca profundizar el análisis de la documentación reunida hasta el momento y definir si existen elementos suficientes para avanzar con una formulación de cargos contra Gennuso y otros cuatro exfuncionarios de su administración o, en caso contrario, desestimar la denuncia y archivar las actuaciones.
La calificación legal provisoria bajo análisis es la de presunta malversación de caudales públicos, aunque la Fiscalía aún no formuló cargos ni atribuyó responsabilidades penales.
La denuncia fue presentada el 29 de noviembre de 2024 por el intendente Walter Cortés, con el patrocinio letrado del abogado Ricardo Mendaña. En la presentación se sostuvo que funcionarios municipales habrían impulsado, autorizado y ejecutado sucesivas contrataciones directas con la empresa OPSA SACI para la provisión de maquinaria y vehículos destinados a distintas tareas operativas del municipio.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación preliminar orientada a establecer si las contrataciones se ajustaron a la normativa vigente o si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades penales.