ADVERTENCIA
Amnistía Internacional: las políticas contra la violencia de género en Argentina marcan un fuerte retroceso
El reciente informe de Amnistía Internacional ha encendido las alarmas en Argentina, al advertir sobre el preocupante retroceso en las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género en el país. A pesar de que han pasado ya once años desde la primera gran movilización que puso en el centro de la discusión social el tema de la violencia machista, las deudas en la materia no solo se mantienen, sino que, según el informe, se han agudizado considerablemente.
La violencia de género en Argentina no es un fenómeno aislado ni raro, sino un problema estructural que está profundamente arraigado en las dinámicas sociales del país. Las mujeres, niñas y personas LGBTI+ continúan siendo protagonistas involuntarias de situaciones de violencia que requieren respuestas efectivas y sostenidas por parte del Estado. Sin embargo, tanto el desfinanciamiento como el desmantelamiento de políticas que buscan erradicar este flagelo han empeorado el panorama.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, comentó sobre la gravedad de estos retrocesos, subrayando que los desafíos actuales no pueden ser minimizados ni ignorados. "El Estado tiene una obligación ineludible de prevenir la violencia de género, proteger a las víctimas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas cuando ocurren estos hechos. Desfinanciar políticas no es simplemente una omisión, es una acción que tiene repercusiones directas y alarmantes, dejando a un sector vulnerable de la población aún más expuesto a su suerte", señaló Belski.
Un golpe adicional ha venido de la reducción drástica en el presupuesto de varios programas claves. Tal es el caso de la Línea 144, que ha visto recortes significativos, reduciendo su personal en un 45%. Este recurso esencial para la atención de víctimas de violencia de género ha perdido su especificidad y presupuesto propio, lo que coloca a innumerables personas en situación de riesgo.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas expresó su preocupación en febrero de 2026 por estos serios retrocesos. La ONU subrayó el cierre de instituciones clave y la fragilización de políticas cruciales, como las de educación sexual integral, que son vitales en la prevención de la violencia de género.
En el periodo reciente, casos como el de Agostina Vega han impactado profundamente en la sociedad, mostrando la urgente necesidad de un abordaje respetuoso y serio que pueda, finalmente, reducir el número devastador de muertes que constituyen los femicidios en el país. Las estadísticas son crudas y no se pueden soslayar: cada día que pasa, se perpetúan estas tragedias, señalando un desafío para toda la nación.