La Justicia de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales
La situación legal del expresidente boliviano Evo Morales se encuentra en un tenso punto muerto luego de la reciente decisión del tribunal de suspender su juicio por presunta trata agravada de personas. Inicialmente programado para iniciar en la ciudad de Tarija, el proceso judicial quedó postergado indefinidamente debido a la ausencia de Morales en la audiencia, lo que provocó que el tribunal lo declare en rebeldía y ordene su captura y arraigo. Esta medida ha detonado un ambiente de alerta entre sus seguidores en el país.
El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, comunicó a los medios que el juicio no proseguirá hasta que el expresidente comparezca físicamente ante la corte o la Policía ejecute la orden de arresto. Tal hecho ha complicado un caso ya de por sí controvertido, incrementando las tensiones políticas y sociales en Bolivia.
Esas tensiones no solo emergen en el ámbito legal. Wilfredo Chávez, abogado de Morales, afirmó que el proceso está salpicado de irregularidades, subrayando que Morales no fue notificado adecuadamente para comparecer ante el tribunal. Según Chávez, el procesamiento fue notificado mediante edictos judiciales en lugar de notificaciones personales, lo que podría invalidar legalmente el juicio. No obstante, la Fiscalía de Tarija insiste en que no hubo justificaciones de la defensa de Morales y mantiene vivas sus acusaciones.
A nivel social, los rumores de un posible arresto han generado un hervor en las bases más leales de Morales. Desde el Trópico de Cochabamba, su conocido baluarte, voces como la de Dieter Mendoza alertan de un "estado de alerta máxima". Mendoza asegura que cualquier movimiento que implique la detención de Morales podría desatar una insurgencia inédita en el territorio boliviano. Reflexiona que la captura sólo avivaría las llamas del descontento social ya encendidas desde la llegada del presidente Rodrigo Paz al poder.