Río Negro aprobó el uso de armas "menos letales" para la Policía
La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría un proyecto de ley que autoriza y regula el uso de armas menos letales por parte de la Policía de la Provincia. La iniciativa, impulsada por Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra. La propuesta tiene como objetivo dotar a la fuerza de seguridad de herramientas modernas que “permitan una intervención eficaz y proporcional, reduciendo los riesgos tanto para los ciudadanos como para el personal policial”.
En la actualidad, el personal policial que presta servicio en la vía pública cuenta habitualmente con una pistola calibre 9 mm como arma reglamentaria. Sin embargo, los fundamentos del proyecto advierten que el uso de armas de fuego debe limitarse a situaciones de riesgo real e inminente para la vida. En muchas operaciones cotidianas, el uso de un arma letal resulta desproporcionado, por lo que los agentes necesitan opciones intermedias para neutralizar amenazas sin generar consecuencias irreversibles.
¿Qué armas prevé incorporar el proyecto?
El texto de la ley define a las armas menos letales como aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona disminuyendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o la muerte.
Entre los dispositivos autorizados se incluyen las reconocidas pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes (comúnmente conocidos como gas pimienta), proyectiles de impacto controlado (como escopetas que disparan balas de goma o polímeros especiales), granadas aturdidoras acústicas o luminosas (“flash bang”) y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes. Estas tecnologías ya son empleadas por fuerzas de seguridad en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y en diversas jurisdicciones de la Argentina.
Protocolos, capacitación y cámaras obligatorias
Para evitar abusos y garantizar la transparencia, la normativa establece condiciones estrictas. Únicamente podrán utilizar estas armas los efectivos que hayan recibido una capacitación específica y hayan aprobado los protocolos de entrenamiento técnico y operativo. La Policía deberá llevar un registro riguroso del personal habilitado, el instructor y las fechas de certificación.
Un punto central del proyecto es el control de las intervenciones: todo procedimiento donde se utilicen armas no letales deberá ser registrado obligatoriamente mediante sistemas de audio y video. Esto permitirá su posterior revisión administrativa o judicial.
La ley prevé que estas herramientas solo podrán utilizarse en escenarios específicos, tales como inmovilizar a quien represente un peligro inmediato, en defensa propia o de terceros, para impedir un delito de acción pública o para controlar situaciones de violencia donde otros medios resulten insuficientes. El peligro inminente estará justificado ante ataques violentos, episodios que involucren armas blancas, o situaciones donde la cantidad o actitud de los agresores limite la posibilidad de defensa de los agentes.
Mansilla remarcó la necesidad de adecuarse a estándares internacionales
Durante su fundamentación Mansilla explicó que se trata de una iniciativa reiteratoria de un proyecto presentado en 2024, y remarcó la necesidad de adecuar la normativa provincial a estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos.
En ese sentido, recordó que tras la reforma constitucional de 1994, la Argentina adhirió a convenios internacionales - como el de Naciones Unidas Nº 34/169 - que recomiendan a los Estados priorizar el uso de medios no violentos antes de recurrir a armas de fuego. “En Río Negro esto no quedó establecido en la ley vigente, que solo contempla el uso de armas letales”, advirtió.
“Hay situaciones donde el uso de un arma de fuego es desproporcionado, como en casos de personas con crisis de salud mental, intentos de autolesión o intervenciones con terceros en riesgo”, sostuvo. Finalmente, planteó la necesidad de abrir un debate más amplio sobre el modelo de seguridad en la provincia. “Tenemos que construir una política de Estado que trascienda los gobiernos, con una policía capacitada, profesional y con herramientas acordes a los desafíos actuales”, concluyó.
Ibarrolaza: “No es que vamos a ver a todos los policías con una Taser en la cintura”
El legislador Santiago Ibarrolaza expresó su respaldo al proyecto. La calificó como una norma “integral y de vanguardia”, aunque advirtió que el paso del tiempo y las nuevas modalidades delictivas exigen una actualización constante para garantizar su efectividad.
El legislador remarcó que la incorporación de este tipo de dispositivos no implica un uso generalizado ni indiscriminado por parte de las fuerzas de seguridad, sino que está pensada para situaciones excepcionales. “No es que vamos a ver a todos los policías con una Taser en la cintura”, aclaró, al tiempo que subrayó que su aplicación apunta a intervenir en contextos extremos donde se requiere reducir riesgos.
Frugoni: “Menos letales”
Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos) pidió modificar la denominación: propuso reemplazar el término “armas no letales” por “armas menos letales”. Según argumentó, todos los dispositivos contemplados pueden provocar la muerte en determinadas circunstancias.
Spósito cuestionó el proyecto
La legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) adelantó que no acompañaría el proyecto y advirtió sobre riesgos sanitarios y posibles usos en la represión de protestas. También cuestionó el enfoque del proyecto en relación al uso de la fuerza. Sostuvo que las pistolas Taser deben utilizarse únicamente en situaciones extremas, cuando exista una amenaza real e inmediata para la vida, y siempre como reemplazo de armas de fuego, tras haber agotado instancias previas como la disuasión verbal.
Además, advirtió sobre los posibles efectos en la salud: desde traumatismos por caídas tras descargas eléctricas hasta quemaduras, problemas respiratorios y lesiones graves como pérdida ocular o traumatismos craneales en el caso de balas de goma. También enumeró situaciones en las que su uso está desaconsejado, como en personas embarazadas, con consumo de sustancias, con padecimientos mentales o que ya han sido reducidas.
Acevedo recordó su proyecto
El legislador del ARI-Cambiemos Javier Acevedo manifestó el acompañamiento de su bloque al proyecto y destacó que la iniciativa responde a la necesidad de “anticiparse a las demandas de la sociedad” mediante herramientas modernas para la seguridad pública. En ese sentido, recordó que su espacio ya había presentado en 2024 un proyecto en la misma línea, bajo el expediente 427/24. “Ese antecedente demuestra una coherencia programática. No llegamos a este debate por una coyuntura, sino que venimos sosteniendo esta posición desde hace tiempo”, afirmó.
Berros planteó modificaciones
Por su parte, el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) planteó una postura intermedia: si bien no se opuso de plano al proyecto, dejó en claro que no comparte todos sus términos y propuso modificaciones concretas. Uno de esos cambios es la prohibición del uso de estas armas en manifestaciones públicas y en determinados grupos, como menores de 16 años y personas con discapacidad.
“Yo no creo que por usar Taser vaya a haber menos delito. El delito se combate de otra forma”, señaló. Remarcó la necesidad de abordar la inseguridad desde políticas estructurales como la generación de empleo, mejoras en educación y condiciones laborales.
Juan Martín: “Cuidar a los que nos cuidan”
Por último, el legislador Juan Martín (PRO-Unión Republicana) expresó su respaldo al proyecto. En su intervención valoró la iniciativa como una forma de “cuidar a los que nos cuidan”, al considerar que dotar a la Policía de nuevas herramientas también implica brindar mejores condiciones para el ejercicio de su tarea.
Indicó que este tipo de equipamiento viene a cubrir un vacío entre la inacción y el uso de armas de fuego, ofreciendo una alternativa intermedia que permite intervenir con mayor precisión en situaciones complejas. En esa línea, sostuvo que la incorporación de estos dispositivos debe ir acompañada de criterios claros de proporcionalidad y racionalidad, así como de protocolos estrictos y capacitación obligatoria para su utilización.