El pliego por el Vertedero volvió al Concejo con las mismas polémicas
El debate por el pliego para el vertedero de Bariloche no encuentra resolución. Tras la tensa sesión del jueves, el proyecto 516 regresó a la comisión de Gobierno y Legales con la presencia de todos los bloques, en una nueva jornada marcada por las posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición, y por la movilización de vecinos de distintos barrios del Alto que se apostaron en el recinto para reclamar el cierre definitivo del basural.
En el centro del debate sigue la misma disyuntiva: avanzar con la licitación para el tratamiento de residuos en el predio actual por diez años —con una cláusula que permite reducir ese plazo a cinco si el municipio logra identificar un sitio alternativo— o retomar el camino de un vertedero regional.
Los bloques opositores mantiene su negativa. Villalba, de Primero Río Negro, volvió a señalar que el proyecto 516 es "rígido tecnológicamente y ambiguo en lo jurídico". Por su parte, Costta Brutem sostuvo su rechazo con otro argumento de fondo: el pliego "carece de licencia social", en alusión a la resistencia que el proyecto genera en los vecinos de la zona afectada.
También apuntaron contra la ausencia de la legisladora provincial Marcela Abdala, quien el jueves pasado había asumido públicamente el compromiso de colaborar en el abordaje de la problemática, pero no fue convocada a la reunión de comisión. La crítica fue directa: si se ofreció a colaborar, ¿por qué no se la citó?.
Gerardo Del Río (PUL) respondió esa pregunta con una posición clara: el ámbito donde Abdala debe actuar es la Legislatura provincial. "Que presente un proyecto en esa esfera estatal, ella representa a los rionegrinos en ese ámbito y sería más productivo", sostuvo.
Uno de los puntos más "espinosos"de la sesión volvió a ser la mayoría necesaria para llamar a licitación. Del Río reiteró que alcanza con seis votos, respaldándose en un dictamen de la asesoría letrada del Concejo y en una ampliación posterior de ese mismo dictamen. La oposición, en cambio, insiste en que se requieren ocho votos (dos tercios del cuerpo) por tratarse de la concesión de un servicio público.