Deslave en Villa Huinid: finalmente sobreseyeron al arquitecto imputado
La resolución fue dictada por el juez de garantías Víctor Hugo Maximiliano Gangarrossa, tras verificarse el cumplimiento de las pautas impuestas en el marco de una suspensión de juicio a prueba.
El caso se inició luego del colapso de un muro de contención construido con gaviones en un sector del predio hotelero. El deslizamiento de tierra ingresó a las habitaciones 105 y 107 del establecimiento y provocó la muerte por asfixia mecánica por aplastamiento de Gerardo Orlando Casella, Víctor Jesús González Giovanelli y Alba de los Ángeles González., todos ellos de nacionalidad uruguaya y recién arribados a la ciudad.
Arbetman había sido imputado por homicidio culposo, en calidad de coautor, por presuntas fallas en la dirección de la obra y la ausencia de permisos y estudios exigidos por el Código de Edificación local. Según la formulación de cargos, no habría realizado cálculos, planos ni diseños adecuados, ni tramitado la licencia correspondiente.
La fiscalía dictaminó a favor del sobreseimiento tras constatar que el imputado cumplió, durante dos años, todas las obligaciones establecidas en la probation otorgada en septiembre de 2023. La defensa, a cargo de Sebastián Arrondo, adhirió al planteo.
En paralelo, el trámite penal contra el empresario Claudio Roccatagliatta fue cerrado luego de que las familias de las víctimas aceptaran acuerdos de reparación integral, un mecanismo contemplado en la normativa provincial que permite canalizar soluciones alternativas mediante la compensación económica y la conformidad de las partes afectadas.
Con estos elementos verificados, el magistrado consideró reunidas las condiciones previstas por los artículos 76 ter del Código Penal y 155 inciso 5° del Código Procesal Penal para declarar la extinción de la acción penal. En la resolución consignó además que la investigación “no afectó el buen nombre y honor” del imputado, conforme lo establece el artículo 157 del mismo código.
El juez ordenó notificar la decisión al Registro Nacional de Reincidencia, a la Policía de Río Negro y a los organismos de seguridad correspondientes.
El proceso penal respecto de otros involucrados continúa tramitándose por vías diferenciadas.