Postergaron audiencia por una denuncia al expresidente de la CEB
La formulación de cargos contra Carlos Aristegui, expresidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, había sido suspendida el pasado viernes a pedido de la fiscalía. Sin embargo, ante las quejas de la querella, la Oficina Judicial fijó una nueva audiencia para este lunes, que comenzó con varias complicaciones. A tan solo minutos de iniciar, el sistema de registro audiovisual sufrió un colapso técnico, retrasando el inicio de la sesión y generando un ambiente de incertidumbre.
A pesar de una convocatoria mediática moderada, la sala 4 del edificio Pilmayquen se vio rápidamente desbordada, creando una atmósfera incómoda para todos los presentes. La falta de espacio y la incomodidad física marcaron la jornada, convirtiéndola en un escenario tenso desde el comienzo.
El hecho más llamativo de la jornada fue la ausencia de los dos principales actores del caso: el denunciado Carlos Aristegui, quien justificó su inasistencia mediante un certificado médico, y el presidente de la CEB y querellante, Alejandro Pozas, quien también estuvo ausente. Esta falta de presencia de los involucrados generó desconcierto y tensión en la sala.
Además, se cuestionó la legitimidad del accionar de Pozas. Aunque se presentó como querellante, su participación en la causa carecía de la autorización explícita del Consejo de Administración de la Cooperativa, lo que fue rápidamente señalado por la defensa, representada por el abogado Martín Govetto.
A lo largo de la audiencia, tanto la defensa de Aristegui como la querella realizaron varios planteos, todos los cuales fueron desestimados o rechazados por el juez de Garantías, Víctor Gangarrossa. La defensa de Aristegui solicitó el rechazo de la constitución de la querella, mientras que la parte querellante, representada por Ernesto Saavedra, cuestionó la legalidad de la reprogramación de la audiencia y la validez de la actuación de la fiscalía.
En un ambiente cargado de tensiones, el juez Gangarrossa mantuvo su postura firme. Rechazó las impugnaciones sin mayores consideraciones, y dejó en claro que la decisión de la fiscalía sobre la suspensión de la audiencia era legítima. La formulación de cargos, entonces, deberá esperar una nueva fecha.