Secta rusa en Bariloche: cuál es la estrategia de defensa de las mujeres imputadas
La investigación judicial que involucra a una presunta red internacional con presencia en Bariloche sumó esta semana declaraciones del abogado Daniel Mazzoccone, defensor de diez mujeres imputadas. Según el letrado, el caso presenta características inusuales en el ámbito penal federal y aún se encuentra en una etapa preliminar.
“Es una causa complicada, con muchas personas implicadas y una estructura de investigación poco habitual”, dijo Mazzoccone en diálogo con Agencia Noticias Argentinas.
El principal acusado en la causa es el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, quien actualmente cumple prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. El expediente es tramitado bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal, que otorga a la etapa investigativa un rol central en la recolección de evidencia.
Mazzoccone remarcó que las mujeres a las que representa se encuentran imputadas, no consideradas víctimas en el marco de la causa.
“Esa calificación es nodal y su situación puede cambiar o mutar”, explicó, en relación a cómo podría evolucionar su situación procesal a medida que se sumen pruebas al expediente.
Hasta el momento, las mujeres permanecen en libertad mientras continúan los análisis judiciales. Según confirmó el abogado, no tiene previsto presentar nuevos escritos por el momento, a la espera del avance de las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal.
La causa comenzó en marzo de este año, tras el nacimiento de un bebé en un hospital Ramón Carrillo de Bariloche. La madre, de nacionalidad rusa, tiene 22 años. La Fiscalía investiga si el nacimiento tuvo como objetivo permitir que Rudnev, supuesto padre del menor, obtuviera la nacionalidad argentina, lo que podría haber interferido con una orden de captura internacional emitida por Montenegro.
A partir de ese hecho, se detectaron posibles vínculos entre al menos 20 personas que habrían colaborado con la permanencia de Rudnev en el país, cumpliendo funciones logísticas, de encubrimiento y de apoyo económico.
Uno de los ejes actuales de la causa es el análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos. Según fuentes judiciales, allí podría hallarse evidencia clave para determinar el grado de participación de los distintos implicados y si existieron contactos con otras personas fuera del país.
También se investiga si hubo colaboración desde el ámbito local y si se cometieron delitos de orden federal, como trata de personas, encubrimiento agravado o falsificación de documentos públicos.
“El paso al juicio dependerá de lo que logren probar. Por ahora, estamos en plena espera”, concluyó el abogado defensor.