ES EL ORGANISMO QUE ENTIENDE SOBRE LA ESTATUA DE ROCA
Gobierno también modificó la Comisión Nacional de Monumentos Históricos
Entre otros que resolvió por decreto sobre organismos de la política cultural, el gobierno nacional dispuso cambios en el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Desde la semana pasada y en adelante será “una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación”. Las novedades no son ajenas a Bariloche, porque se trata del ámbito que en los últimos tramos del período gubernamental anterior había autorizado el traslado del monumento a Julio Roca que ornamenta el Centro Cívico.
El decreto 345 del año en curso recuerda que por la Ley 12.665 se creó el espacio en cuestión como continuador de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares históricos. En 2015 “se estableció su dependencia del entonces Ministerio de Cultura”. En los fundamentos, afirma la norma que “resulta necesario proceder a su transformación en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, con la finalidad de cumplimentar los parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo que dispone la presente medida”.
La gestión de Javier Milei también consideró “conveniente conformar un Consejo integrado por un máximo de 10 expertos de reconocido prestigio en materia de monumentos, lugares y bienes históricos, el que actuará con carácter ad honorem y cuyo asesoramiento a la unidad organizativa a crearse tendrá carácter vinculante en función de lo dispuesto precedentemente y respecto de las cuestiones previstas por la normativa”.
En su articulado, establece el decreto que “la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tendrá a su cargo ejercer la superintendencia sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales cuando se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal, sin perjuicio de las demás atribuciones que le sean otorgadas por la reglamentación de la presente ley”.
Deberá intervenir con carácter previo y vinculante “en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del estatus jurídico de los bienes protegidos en el marco de esta ley” y también “en la aprobación o rechazo de toda intervención material sobre los bienes protegidos bajo esta ley, quedando a su cargo la supervisión de las tareas pertinentes”.
Con relación a la estatua que saluda al mentor intelectual y fáctico de la así llamada Campaña al Desierto, decía el proyecto que había elevado la anterior gestión municipal: “estamos persuadidos de que la adecuación más acertada es acomodar el monumento al general Julio Argentino Roca de modo que conserve su pedestal, la idea de monumento, sin que ello implique supremacía o imposición, sin estar por encima de las otras figuras con las que dialoga para que el intercambio pueda producirse”.
Añadía la iniciativa que “el lugar más propicio para este objetivo es dentro del abanico perceptivo que se abre ingresando al Centro Cívico desde la avenida 12 de octubre”. Por su parte, el ámbito nacional estableció que “el monumento a Roca debe trasladarse en su totalidad, incluyendo la base, de manera que se aprecie la forma original y el basamento, sin que este último quede oculto por la pendiente de la barranca. Asimismo, los elementos que se coloquen en la barranca no deberán superar el nivel de la plaza del Centro Cívico, para no interrumpir el remate visual hacia el lago Nahuel Huapi”. La autorización se expresó a través de una nota con la firma de la presidenta de la Comisión, Mónica Capano, que todavía está en ejercicio de la función.
Al cambiar la administración municipal en diciembre de 2023, la nueva gestión se mostró contraria a cualquier modificación. En Buenos Aires, organizaciones que trabajan en la defensa del patrimonio histórico observaron con desagrado las modificaciones en el ámbito nacional. Además de advertir que la Comisión perdió autonomía, señalaron que el Poder Ejecutivo recortó 15 atribuciones y que, como consecuencia, no podrá proponer la creación de nuevos monumentos ni adquirir bienes para convertirlos en patrimonio. Sospechan que detrás de la modificación existen intereses inmobiliarios, en particular, en ciertas áreas del centro capitalino.