Angélica Rivas y la búsqueda de la justicia real

El caso de Beatriz (es un seudónimo para proteger a la víctima) es un ejemplo sobre la falta de justicia reproductiva en El Salvador. Con un embarazo de alto riesgo pidió abortar a las 12 semanas de gestación. A sus 22 años padecía lupus eritematoso sistémico agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea, y su feto tenía anencefalia, falta de desarrollo del cerebro, una malformación congénita que le impediría vivir. Quince médicos recomendaron abortar para evitar riesgos mayores. Esto sucedió en el 2013. 

La Corte Constitucional salvadoreña demoró. 81 días después de iniciado el pedido comenzó a tener trabajo de parto, a las 26 semanas. Se le practicó una cesárea de urgencia. El bebe murió a las cinco horas. La salud de Beatriz se deterioró de forma notable.

En el 2011 ella tuvo su primer embarazo con un cuadro de preeclamsia (hipertensión) producto de su enfermedad autoinmune. Los médicos le hicieron una cesárea y luego de 38 días de internación el bebe sobrevivió.

Beatriz falleció en el 2017 luego de un accidente de tránsito por una neumonía adquirida en el hospital. Su salud estaba muy debilitada a causa de su último embarazo. La hermana inicio la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito que esta historia no se repita, sobre todo con las mujeres de bajos recursos. Con el auspicio de la abogada Angélica Rivas (foto) de Colectiva Feminista se inició la instancia. En la actualidad hay 65 mujeres condenadas por aborto, todas denunciadas desde el sistema público de salud.

Argentina, Colombia, Cuba, algunos estados de México y Uruguay tienen legalizado el aborto. En Chile solo se puede practicar por riesgo de salud de la madre, violación o malformación del feto. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Republica Dominicana esta prohibido bajo toda circunstancia. 

El Salvador endureció su Código Penal en 1998. Desde 1974 estaba establecido que en caso de peligro de salud para la madre, malformación congénita o si el embarazo era producto de una violación se podía abortar. Estas tres causas fueron anuladas. Se recuerda el caso Manuela, donde luego de una emergencia obstétrica la mujer es detenida y luego fallece esposada en la cama del hospital. Había sido acusada de homicidio.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) la causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas salvadoreñas es el suicidio, en general tras ingerir herbicidas o pesticidas. 

En la sentencia la CIDH expresa "La condición médica de base de Beatriz exigía por parte del Estado un deber especial de protección, a través de la provisión de atención médica diligente y oportuna, y no la recibió”. Ordenó "se deben de adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a embarazos de riesgo para la vida o la salud de la madre". 

Una justicia lenta no es justicia.