UNA SITUACIÓN QUE EN SU MOMENTO FUE CONSIDERADA “UN ESPEJO DE MASCARDI”
Desalojo en Los Alerces: todas las voces en la balanza
En diciembre de 2020, por aquel entonces en representación del Sindicato de Guardaparques Nacionales, el actual intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, en exclusiva para El Cordillerano, describía una situación en torno a una usurpación que consideraba similar (“un espejo”, la definía) a lo que se vivía en Villa Mascardi.
En cuanto al lonko (jefe) de la lof Pailako, Cruz Cárdenas, eje sobre el que gira el conflicto, Hernández Otaño había dicho: “Se puso una vincha y un poncho para disfrazar de reclamo ancestral una toma de tierras, a todas luces ilegal, en un lugar caprichoso, elegido sin ningún antecedente histórico de un asentamiento previo de ninguna etnia nativa”.
Hace unos días, el 9 de enero, se concretó el desalojo en Los Alerces (sin que hubiera gente en el sitio, porque los integrantes de la citada comunidad ya se habían retirado) y Hernández Otaño, ahora a cargo de la Intendencia, pudo recuperar la seccional El Maitenal.
Integrantes de Parques Nacionales, junto a los miembros de las fuerzas federales.
En medio de todo esto, desde 2020 a 2025, sucedieron varias cosas.
Por ejemplo, hace un año un incendio arrasó con parte de aquella área protegida y varios, incluido el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dieron a entender que Cruz Cárdenas, que en el pasado había trabajado en ese sector como brigadista, tenía que ver con las llamas.
Torres en Los Alerces, el día del desalojo.
Luego, al hacerse cargo del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen puso el acento en la necesidad de desalojar Los Alerces, así como en que se concretara el juicio por Villa Mascardi.
Primero llegó el juzgamiento –y condena– a integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, por Villa Mascardi.
Tras aquello, Larsen se fijó expulsar a Cárdenas (y compañía) de Los Alerces.
En un encuentro con El Cordillerano, en noviembre, señaló que su intención era que el desalojo se concretara antes de fin de 2024, y la acción finalmente se llevó a cabo en los primeros días de 2025. “Hoy volvió a flamear la bandera argentina en el Parque Nacional Los Alerces”, anunció Larsen, apenas se realizó el procedimiento. “Después de más de cuatro años, recuperamos las tierras tomadas por el falso mapuche Cruz Cárdenas”, indicó, para también considerar: “Durante años, el Estado fue cómplice de estas tomas de tierras al mirar para otro lado. Sin embargo, hoy cambiamos el paradigma: en la Argentina de Javier Milei, demostramos que el que las hace, las paga”.
Larsen, Torres y Bullrich, rodeados de fuerzas federales, junto a la bandera argentina.
“No vamos a parar hasta que cada hectárea de nuestras áreas protegidas vuelva a ser de todos los argentinos”, remarcó Larsen, siempre destacando, a través de diversos posteos en las redes sociales, el proceder de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Justamente, Bullrich, junto a Larsen y el gobernador de Chubut, recorrió la zona durante el operativo y anunció: “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”. Asimismo, consideró: “Durante dieciocho años, en el país se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado”.
Bullrich, durante el desalojo.
También, claro, hubo réplicas desde sectores indígenas.
Por ejemplo, en la Confederación Mapuche de Neuquén sostuvieron: “Increíble y vergonzante despliegue para reprimir… ¡a nadie!”.
En tal sentido, expusieron: “La sabiduría y sobre todo el conocimiento de que están confrontando con criminales, con wigkas (blancos) funcionarios que buscan escarmentar matando, hicieron que las familias de la comunidad se hayan retirado junto con todos los animales y su economía básica. Cuando llegaron las bestias con su despliegue represor no encontraron a nadie. Solo rukas (casas) vacías que serán ocupadas nuevamente cuando se regrese, más temprano que tarde”.
Pancarta mapuche en Los Alerces.
Desde el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, en tanto, consideraron que “la presencia de Cristian Larsen, Ignacio Torres y Patricia Bullrich, para ejecutar una ‘orden judicial’ que de por sí es un delito firmado por el juez Guido Otranto, los hace cómplices de un crimen de Estado, delito agravado por su tinte racial”.
Además, durante la jornada del desalojo, cuando todavía no se sabía qué sucedería, existió un pronunciamiento por parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), objetando la negativa del juez Otranto frente al pedido que integrantes de la regional Esquel-Trevelin de esa entidad hicieron para oficiar como veedores en la ejecución del desalojo.
“Nos preocupa esta práctica que echa un manto de sospecha sobre las formas en el procedimiento, que está expresamente dirigido contra familias enteras, con niños, por lo que nos sorprende que no se pueda monitorear el trámite”, aseveraron desde la APDH, en momentos en que aún se desconocía que los miembros de la lof habían dejado el lugar durante la jornada anterior.
Fuerzas de seguridad, durante el operativo.
Por otra parte, debe señalarse que tanto la comunidad Pailako, en Los Alerces, como la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, han contado –y cuentan– con el acompañamiento legal de la Asociación Gremial de Abogados, cuyos letrados apreciaron: “Está claro que el Gobierno vuelve a mentir cuando dice que se agotaron las instancias judiciales. No quisieron esperar la decisión de la Corte Suprema (existe un recurso de queja pendiente de resolución). Está empezando un año electoral y seguramente tienen un montón de otras cosas sobre las cuales mentir para seguir con su marcha ‘triunfal’”.
“Este circo sobre la soberanía, la recuperación de territorio para la patria y todas esas puestas en escena suponen que es una buena manera de empezar el 2025 electoral y, por si fuera poco, con un gobernador ‘aliado’, que tampoco quiso quedarse afuera de la foto”, añadieron.
“Obviamente, con o sin desalojo, la Gremial jamás deja cuestiones pendientes y, en este caso específico, mantendremos el último recurso que hemos presentado ante la Corte y nos prepararemos con todo lo que tenemos para el juicio oral que alguna vez tendrá que producirse”, indicaron los abogados defensores.
Material encontrado en el lugar.
Una voz importante a sumar en este tema es la del titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, que mantiene una posición en línea con los paradigmas del Gobierno libertario, enfrentándose, de ese modo, a agrupaciones mapuches que se oponen a su accionar. “En Chubut se cumplió la ley y el mandato de la Justicia; es la mejor manera de cuidar a las comunidades, es lo que corresponde”, afirmó Avruj, para quien el desalojo “no fue bajo ningún concepto un avasallamiento a los derechos de una comunidad o un ataque al pueblo mapuche ni ninguna otra etnia”, sino que “fue la respuesta que correspondía frente a una situación delictiva como es la usurpación de un bien público”.
“Fue un acto de autoridad ejecutado en el marco del respeto de la ley y bajo el debido proceso judicial, resguardando la paz y seguridad de todos los actores involucrados. Se hizo lo que era necesario, correcto y largamente esperado”, agregó, aclarando que la lof Pailako “no posee reconocimiento de personería jurídica del INAI ni tampoco relevamiento territorial”.
“El cambio que el país democráticamente eligió y que desde el Gobierno se está implementando exige llamar a las cosas por su nombre, ponerlas en su lugar, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, dando claridad y certezas en el marco de la ley. Es el camino que seguiremos recorriendo desde el INAI”, concluyó Avruj.
Sitio desalojado.