ATN
El Gobierno se quedó con un fondo de casi $680.000 millones: no fue destinado a las provincias
Durante el año 2024, el Gobierno nacional acumuló una suma imponente de $679.898 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), obtenidos del 1% de la coparticipación impositiva, pero apenas un esbozo de esta cifra “$49.800 millones“ fue distribuido entre diez provincias argentinas.
Este comportamiento ha suscitado inquietudes en relación a cómo el Gobierno está gestionando y repartiendo los recursos federales entre las distintas jurisdicciones, especialmente en un contexto económico de necesidades múltiples para las provincias.
Un examen detallado de las cifras revela una distribución por demás contrastante: la provincia de Misiones recibió la parte del león, con transferencias que alcanzan los $13.000 millones, un reflejo de su posición estratégica políticamente vinculada a decisiones nacionales. En segundo lugar, aunque distante, se ubicó Entre Ríos, que recibió $6.800 millones, seguida de Tucumán con $6.500 millones. Estas cantidades, aunque significativas para algunas provincias, constituyen un mínimo que sigue dejando a muchos luchando por los ya escasos recursos federales.
El reparto desigual de los fondos ha intensificado el debate entre los gobernadores, quienes previamente a esta decisión habían manifestado su deseo de que tales recursos se distribuyeran de manera más equitativa para poder respaldar el presupuesto del año 2025. El Gobierno, sin embargo, mostró reticencias a transferir el total acumulado, lo que ha suscitado dudas acerca de sus intenciones y su estrategia política para los próximos ejercicios presupuestarios.
Según datos proporcionados por la consultora Politikon Chaco, el impacto de los Aportes del Tesoro Nacional varía ampliamente entre las provincias. Unos ven a estas transferencias como un verdadero salvavidas financiero, dado que en provincias como Misiones y Chubut representan más de la mitad de las transferencias no automáticas acumuladas durante el año. Por el contrario, en Santa Cruz, Santa Fe y Corrientes, el apoyo federal representó menos del 10% del total, desencadenando críticas sobre la desigualdad en el reparto de los recursos.
Pese a las urgentes peticiones de los líderes provinciales para aumentar la transparencia y la equidad en estas distribuciones, el Gobierno ha mantenido un control férreo sobre cómo y a dónde destinar estos fondos. Sumado a esta realidad, el año 2024 cierra con cifras desalentadoras en términos de transferencias no automáticas en general: un total devengado de $1,6 billones y pagado de $1,44 billones, lo que evidencia una caída en términos reales superior al 75% con respecto a otros años.
Este fenómeno marca una década más con las menor transferencias conocidas en al menos dos décadas, según estudios. Considerando estas cifras, queda clara la necesidad de repensar esta política crucial de distribución que afecta de manera directa el desarrollo y la operatividad de las provincias que dependen de ella.