IMPACTO DE LA DESREGULACIÓN
Alerta en obras sociales: un descalce de aportes podría perjudicar a los sectores de menores ingresos
El proceso de desregulación de los aportes a la salud ha encendido las alarmas en diversos sectores, especialmente en aquellos más vulnerables. La posibilidad de contratar servicios de salud de manera libre, sin intermediación de obras sociales sindicales, podría parecer inicialmente una solución eficiente. Sin embargo, los expertos advierten sobre las serias implicancias socioeconómicas que esta medida puede provocar, afectando principalmente a las familias de menores ingresos.
Un análisis revela que cerca del 50% de la población aporta cantidades insuficientes para acceder a prestaciones adecuadas dentro del actual sistema de salud. El Gobierno, bajo la dirección de políticas implementadas por el ministro Federico Sturzenegger, ha promovido un mercado altamente competitivo entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, eliminando los pasos intermedios de mediación económica. Mientras esta medida busca dinamizar el sector, el desfasaje en los aportes puede provocar que muchos afiliados no puedan cubrir el costo del Programa Mínimo Obligatorio (PMO).
Según los datos presentados por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), se estima que el aportante promedio debería contribuir entre $40,000 y $50,000 para mantener una cobertura decente, cifra que está muy por encima de lo que realmente aportan muchas familias. Por un lado, un 40% de los hogares más humildes apenas alcanza los $20,000 mensuales per cápita, mientras que los hogares de ingresos medianos superan ligeramente los $37,000.
El estrato superior, que supone un 30% de las familias, disfruta de una contribución promedio de $75,000. La situación plantea un panorama inevitablemente desigual, pues el acceso a los servicios básicos de salud está condicionado actualmente por estos aportes familiares, a pesar de que el PMO debe garantizar una uniformidad en las prestaciones recibidas sin importar los ingresos.
La introducción de esta política también complica la operabilidad de las obras sociales, produciendo lo que se denomina "subsidios cruzados". Estos son elementos necesarios para equilibrar el gasto, ya que los afiliados con ingresos más altos suelen contribuir lo suficiente como para subsidiar las aportaciones de aquellos con menos recursos.
De acuerdo con los informes de IDESA, sin una correcta planificación del Fondo Solidario de Redistribución, las prepagas y las obras sociales pueden desarrollar estrategias para alejar a los solicitantes con bajos ingresos, relegándolos a hospitales públicos, que ya de por sí tienen una carga considerable. Este fondo tiene el propósito de suavizar las disparidades dentro del sistema, redistribuyendo recursos desde su creación en los años 90.
El desafío radica en estructurar de manera equitativa el acceso a servicios esenciales, asegurando que tanto obras sociales como prepagas mantengan una filosofía inclusiva, con buenos resultados para permeabilizar más sectores de la población. La esperanza está en que las economías colaborativas y solidarias prevalezcan, a pesar de las presiones económicas que buscan maximizar los beneficios.