AVIÓN VENEZOLANO IRANÍ
La fiscalía de Venezuela pidió órdenes de arresto contra 16 funcionarios argentinos
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha generado una nueva controversia al solicitar la detención de 16 funcionarios argentinos, incluyendo ministros, jueces y fiscales. Esta acción forma parte del creciente conflicto diplomático y judicial entre Venezuela y Argentina, que ahora se ha intensificado debido a un caso que involucra al avión venezolano iraní retenido en Buenos Aires.
Saab, quien previamente había solicitado la detención del presidente Javier Milei, amplió la lista de pedido de captura. En esta se encuentran funcionarios de alto perfil como Waldo Wollf, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe. También fueron mencionados jueces de la Cámara Federal, como Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, además de la secretaria de la cámara, Ana Cristina Juan.
"Vamos a ampliar las órdenes de aprehensión por el robo del avión venezolano-iraní de Emtrasur", declaró Saab a los medios de comunicación. La reacción de Venezuela se debe al decomiso de dicho avión en el aeropuerto de Ezeiza, ordenado por el juez federal argentino Federico Villena a petición de la justicia de Estados Unidos. Además, la fiscal argentina Cecilia Incardona también está bajo la misma solicitud de captura.
El motivo detrás de estas órdenes de aprehensión, según el fiscal general, incluye una serie de delitos que van desde robo agravado hasta asociación para delinquir. Venezuela acusa a los funcionarios argentinos de actuar bajo una falsa autoridad para cometer estos crímenes. Esta escalada se produjo después de que una ONG y fiscales federales argentinos solicitaran la detención de Nicolás Maduro, lo cual provocó una respuesta similar pero inversa por parte del país sudamericano contra funcionarios de alto rango del gobierno de Milei.
El caso del avión venezolano-iraní de Emtrasur tiene sus raíces en junio de 2022, cuando la aeronave, que había sido vendida a Venezuela por la sancionada compañía iraní Mahan Air, fue retenida en Buenos Aires durante el gobierno de Alberto Fernández. El incidente se complicó aún más con la retención y posterior liberación de 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes. En febrero, durante la presidencia de Javier Milei, el decomiso del avión fue concretado por una orden judicial del juez Villena.