UNA PROBLEMÁTICA DE LARGA DATA
Qué normativa regula el libre acceso a las costas en Bariloche
En un nuevo operativo llevado a cabo por la Delegación Lago Moreno, el Municipio de Bariloche desmontó un cerco ilegal instalado por un vecino en la playa Sin Viento, ubicado en la ribera del lago Moreno, al oeste de la ciudad. La intervención, ejecutada bajo una orden judicial, forma parte de las acciones que buscan garantizar el libre acceso a las costas, un derecho inalienable para vecinos y turistas, que está protegido por la normativa vigente.
El acceso público a los espejos de agua está resguardado principalmente por la Ordenanza 2587, sancionada en 2014, que establece un control sobre las construcciones aledañas a los cuerpos de agua en el ejido municipal. La normativa tiene como objetivo principal la preservación y conservación de los accesorios, asegurando que las costas permanezcan disponibles para el uso recreativo y disfrute de la comunidad.
La ordenanza delega a la Escribanía General de Gobierno la tarea de relevar todas las edificaciones y construcciones que se encuentren junto a lagos, lagunas, ríos y arroyos. Los propietarios deberán ajustarse a la normativa en un plazo de 90 días después de recibir el aviso. El incumplimiento de estas disposiciones puede conllevar sanciones económicas que varían entre el 20% y el 50% de la valoración municipal del espacio ocupado.
A pesar de la existencia de esta regulación, la falta de informes oficiales sobre su cumplimiento ha generado preocupación. En noviembre de 2020, el bloque de concejales del Frente de Todos solicitó formalmente un informe sobre la implementación de la ordenanza, pero hasta la fecha, el gobierno de Gustavo Gennuso y el actual de Cortés no han presentado los datos requeridos.
Uno de los principales puntos de controversia se encuentra en la delimitación de las jurisdicciones. Mientras que la Municipalidad de Bariloche es responsable del lago Moreno, el Parque Nacional Nahuel Huapi tiene autoridad sobre el lago homónimo. Sin embargo, ambos organismos se encuentran en un cruce de responsabilidades. Desde el Municipio argumentan que Parques Nacionales debe actuar sobre las costas del Nahuel Huapi, mientras que la administración del parque afirma que su responsabilidad se limita a la construcción de puertos y que el control del acceso a las playas corresponde a la Comuna.
Este vacío jurisdiccional ha permitido la proliferación de construcciones y cercos que impiden el acceso a las costas, particularmente en el oeste del lago Nahuel Huapi , donde numerosas bajada públicas han sido bloqueadas, afectando tanto a residentes como a turistas.
El acceso libre a las playas es un derecho amparado por la legislación argentina, pero la realidad en Bariloche muestra un panorama preocupante. Las playas "privadas" se han multiplicado debido a la falta de fiscalización, mientras el avance del negocio inmobiliario ha dejado en segundo plano los derechos colectivos.