El superávit de agosto fue destinado para pagar la deuda

El gobierno de Javier Milei cerró agosto de 2024 con un superávit fiscal que alcanzó los $899.600 millones, de acuerdo al informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). No obstante, este aparente beneficio económico no es tan auspicioso como podría parecer a simple vista, ya que un 99,6% de ese superávit fue destinado al pago de intereses de la deuda pública. Apenas $3531 millones quedaron netos para el país.

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Está situación refleja una paradoja en las cuentas nacionales, ya que muchos se preguntan cómo es posible obtener un superávit mientras el país atraviesa una crisis social con una pobreza que afecta al 50% de la población.

Los datos muestran que del total de superávit, se destinaron $896.130 millones al pago de intereses de la deuda dejando a la nación con escasos beneficios. Además, si se excluyen ciertos pasivos, el saldo real sería, en efecto, deficitario.

Este equilibrio fiscal se alcanzó principalmente debido a un drástico ajuste en el gasto público. En agosto de 2024, el gasto público total se redujo a $7,8 billones, representando una caída del 23,7% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta reducción presupuestaria impactó de manera significativa en áreas esenciales como educación, con una alarmante disminución del 92%, y vivienda, con una disminución igualmente del 92%. Otros sectores afectados incluyen el transporte, con una reducción del 73%; las transferencias a provincias, con una baja del 41%; y las universidades, con una caída del 31%.

El CEPA también alertó sobre una preocupante caída en los ingresos del Sector Público Nacional (SPN), cuyos ingresos para agosto llegaron a $8,7 billones, lo que significa una baja del 13,9% ajustada por inflación en comparación con el mismo período del año anterior. Ésta constituye la segunda mayor caída en lo que va del año, poniendo en evidencia el deterioro en la recaudación en áreas claves de la economía nacional.

A pesar del superávit alcanzado, el contexto socioeconómico del país sigue siendo desalentador. El ajuste en el gasto público ha llevado a recortes significativos en programas sociales y en inversiones en infraestructura, comprometiendo el bienestar de numerosos sectores de la población. Los analistas cuestionan si este enfoque es sostenible a largo plazo y si es viable sacrificar áreas críticas de desarrollo en pos de cumplir con las obligaciones de deuda.1