El presupuesto para las universidades se derrumbó 30% y es el más bajo desde 2006

En la Argentina de hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, el sistema universitario ha sido duramente golpeado por un ajuste fiscal sin precedentes desde el regreso de la democracia. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha emitido un detallado informe que desvela las graves consecuencias de esta política económica en el ámbito educativo superior.

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Desde el comienzo de la administración Milei, los recursos destinados a las universidades han sufrido un recorte del 30%, sufriendo la baja más significativa desde 2006. Esta reducción presupuestaria ha repercutido directamente en los salarios de los docentes universitarios, que han disminuido un 25% en comparación con el inicio del gobierno actual. Esta situación no solo ha afectado a la remuneración del personal académico sino que ha deteriorado el financiamiento per cápita por estudiante, que se ha desplomado al nivel más bajo desde 2004.

La caída del presupuesto universitario se inscribe en un contexto de disminución general del gasto público. Sin embargo, su impacto tiene una relevancia especial, ya que representa una reducción del 8.4% en el área de Servicios Sociales y un 39% en Educación y Cultura a nivel nacional respecto al ejercicio de 2023. Esto contrasta con las necesidades crecientes del sistema educativo, que ha visto un incremento constante en su matrícula en los últimos años.

El gobierno ha justificado estos recortes aludiendo a restricciones presupuestarias y el elevado costo fiscal de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, un argumento que ha sido fuertemente criticado por la ACIJ. Según el informe, las razones fiscales esgrimidas por el Ejecutivo no son justificables dado que existen precedentes legales y constitucionales que priorizan el derecho fundamental a la educación.

La situación es aún más compleja si se considera la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024, una decisión que disminuyó la recaudación estatal en un 0,2% del PIB anual, intensificando así las ya apretadas cuentas públicas. Esta decisión, tomada por el Congreso siguiendo propuestas del Poder Ejecutivo, refleja una falta de coherencia en la política fiscal que ignora el legado financiero necesario para garantizar derechos básicos como la educación de calidad.

En un marco donde se cuestiona la sostenibilidad de los recursos educativos y la legitimidad democrática, la discusión sobre el destino del presupuesto nacional pesa sobre el derecho a un sistema educativo robusto y equitativo.