Defensores insisten en que el caso pase a la Justicia Federal

Las defensas de la exintendenta Maria Eugenia Martini, del exresponsable de Obras del Municipio Alfredo Milano y del empresario Juan Castelli, de Oriente Construcciones, pidieron la revisión de la decisión del juez Marcelo Álvarez Melinger de rechazar el paso al fuero federal del legajo que investiga una defraudación al Estado, en el marco del programa Techo Digno.

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Los planteos de incompetencia que realizaron los defensores serán analizados por el juez Gregor Joos, en calidad de juez de Revisión. En audiencia desarrollada este jueves al mediodía, el juez escuchó a los defensores y la oposición de la fiscalía, para decretar un cuarto intermedio sin fecha precisa de levantamiento, para dar a conocer su resolución el día y hora que la Oficina Judicial fije audiencia, que podría darse de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

En el caso ya se había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Alberto Usandizaga, titular de la firma Alusa SA, producto de un padecimiento de salud mental que le impide defenderse y enfrentar un proceso judicial en su contra.

Fuera de los planteos defensivos y de la situación de Usandizaga, el expediente está en condiciones de enfrentar el Control de Acusación, en el que la parte acusatoria podría pedir el pase a juicio oral. No obstante, el proceso de apelaciones defensivas podría demorar la continuidad del caso hasta tanto se agoten las vías recursivas.

La cuestión de fondo del caso es el manejo de los fondos públicos que Nación envió al Municipio de Bariloche, en el marco de dos acuerdos suscriptos entre las partes en el marco del programa "Techo Digno".

De acuerdo a la teoría acusatoria, apoyados en las certificaciones de obra fraguados o sin respaldo con el avance real de las obras, Martini, Milano, Castelli y el propio Usandizaga –ahora sobreseído–, certificaban los trabajos en mayor proporción de lo que se estaban llevando a cabo con obras millonarias –se construían dos planes de 376 y 495 Viviendas– y así lograron defraudar al Estado cobrando más de lo que correspondía de acuerdo al avance real de las obras.

El fondo de la discusión es si el dinero todavía estaba bajo las órbitas del Estado nacional, en cuyo caso correspondería la intervención de la Justicia Federal, o si bien ya estaban a disposición del Municipio local, en cuyo caso debería seguir investigando la Justicia rionegrina.