JUSTICIA
El Gobierno Nacional tiene 48 horas para decir cómo resguardará la información del CONADI
El reciente decreto del gobierno de Javier Milei ha generado una gran controversia. La Unidad Especial de Investigación (UEI), encargada de indagar sobre la apropiación de niños durante la última dictadura, fue disuelta el pasado miércoles, lo que dejó un gran interrogante sobre la custodia y preservación de sus importantes archivos. En respuesta a esta maniobra, la Justicia solicitó al gobierno que, en un plazo de 48 horas, informe sobre cómo se resguardará la valiosa documentación en posesión de la UEI.
El juez federal Ernesto Kreplak exigió una rápida respuesta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). El objetivo es que estos organismos aclaren las medidas que tomarán para asegurar la integridad de la información acumulada por la UEI y designen a la entidad que será responsable de su custodia. Esta información abarca décadas de investigaciones y es vital para los procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.
La Conadi, creada en 1992 y fortalecida en 2004 bajo el gobierno de Néstor Kirchner con el decreto 715, desempeña un papel crucial en la recuperación de hijos y nietos apropiados durante la dictadura. Sin embargo, las recientes acciones del actual gobierno han puesto en vilo la continuidad y la misión de esta institución. En meses pasados, ya se había manifestado la oposición de las Abuelas de Plaza de Mayo a cualquier intervención en la Conadi, debido a los posibles efectos negativos en las investigaciones y el proceso de devolución de identidades. La disolución de la UEI es percibida como un paso más en esa dirección.
El contexto de esta remetida incluye la reciente visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, lo que incrementó la desconfianza en las intenciones gubernamentales.
La argumentación del gobierno para la disolución de la UEI se centra en que la tarea investigativa sobre estos crímenes debería recaer en el Ministerio Público Fiscal y no en el Poder Ejecutivo. Esta perspectiva se basa en que, según el oficialismo, el PE carece de las atribuciones necesarias para acceder a documentos públicos pertinentes y conducir tales indagatorias.
Mientras tanto, la comunidad y los organismos de derechos humanos esperan con urgencia la respuesta y las acciones concretas para asegurar que los archivos cruciales de la UEI, que hasta ahora permitían el acceso a un amplio rango de documentos oficiales, sigan disponibles y protegidos para futuras investigaciones.