FISCALÍA Y VECINOS APELARON
Casación Penal anuló el acuerdo por Villa Mascardi
El acuerdo con la comunidad mapuche que ocupó Villa Mascardi y que se concretó en el marco de una mesa de diálogo que promovió oportunamente el Gobierno de Alberto Fernández quedó en la nada luego de que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión del Juzgado Federal de Bariloche, para extinguir la acción penal contra los miembros de la Lafken Winkul Mapu acusados por usurpación.
La comunidad Lafken Winkul Mapu que fue desalojada del paraje en 2022 ya no dispondrá del uso exclusivo de las tierras que pertenecen a Parques Nacionales, tal como había quedado establecido en el acuerdo conciliatorio, que luego fue confirmado por un fallo del juez Hugo Grecca. La anulación de la Cámara Federal de Casacion Penal de esa resolución de Grecca llegó luego de que la fiscalía y vecinos de la zona que no participaron de la mesa de diálogo apelen la decisión.
El conflicto de Mascardi se inició en 2017 con el proceso de recuperación territorial que inició la comunidad Lafken Winkul Mapu que tuvo su pico máximo de tensión y violencia con el crimen del joven Rafael Nahuel y se extendió a otros predios linderos.
El acuerdo conciliatorio fue celebrado durante el Gobierno de Alberto Fernández, tras una mesa en la que participaron también la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de la Seguridad, el Ministerio de la Mujer, representantes de la comunidad mapuche, las Madres de Plaza de Mayo, Justicia Legítima y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.
Pero luego fue cuestionado por el Ministerio Público y por la representación vecinal de Villa Mascardi. Con el cambio de Gobierno, impulsado por Javier Milei, la administración nacional adoptó ese temperamento.
La cesión de la tierra se dio como derivación a los diversos episodios que sucedieron con el correr de los años, luego de que la comunidad Lafken Winkul Mapu iniciara lo que denominó recuperación territorial, ocupando tierras del Parques Nacionales, Gas del Estado y algunos lotes de privados.
El caso, después de la decisión del juez Grecca, llegó a la Sala I de la Cámara de Casación, en Comodoro Py 2002, que a través de sus integrantes analizó la situación y terminó por revocarla, dando razón a los planteos del Ministerio Público Fiscal: “La expresa oposición del Ministerio Público Fiscal a la extinción de la acción por conciliación impone al juez un íntegro examen del acuerdo, sus presupuestos y su razonabilidad. Es en este tópico en el que el juez, a nuestro modo de ver, desarrolla una argumentación contradictoria y alejada de la lógica para relativizar la oposición del Ministerio Público y, finalmente, no considerarla”, sostuvo el juez Diego Barroetaveña, el primero en votar.
Según apuntó el magistrado, en el acuerdo homologado se observa que “aparecen representantes del Estado nacional realizando concesiones, mientras que los imputados solo realizan una promesa de inscribirse e iniciar trámites para su reconocimiento, cuando desde el inicio tal recaudo debió ser un requisito sine qua non para encontrarse en condiciones de iniciar cualquier tipo de gestión tendiente a intentar el aval de los derechos que invocan”, aseguró.
“No existió en el caso un abordaje riguroso y completo de la situación planteada por la homologación el acuerdo presentado”, agregó Carlos Mahiques, mientras que el tercer magistrado, Daniel Petrone, cerró argumentando que sin perjuicio de que el Ministerio Público Fiscal pueda no ser parte del acuerdo en sí mismo, es una parte esencial del proceso penal por delitos de acción pública y, en tanto la homologación conduce, en última instancia, a su extinción, deviene necesaria su intervención”.