POLÍTICA
Se desmanteló el CONADI, organismo que investigaba sobre las desapariciones de menores durante la dictadura
El reciente decreto 727/2024, publicado en el Boletín Oficial, ha traído consigo una nueva polémica. El Gobierno ha decidido disolver la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, un área crucial que investigaba uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, correspondiente a la última dictadura militar que se extendió entre los años 1976 y 1983.
La Unidad, que pertenecía a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ha sido objeto de controversia desde su creación. Según fuentes del Ejecutivo, la disolución responde a razones de resguardar el principio de separación de poderes establecido por la Constitución Nacional. La disolución de esta unidad implica la derogación del decreto 715 del 9 de junio de 2004, el cual fundó este organismo con el objetivo de apoyar las investigaciones sobre la desaparición de niños durante la dictadura.
Las funciones de esta entidad iban más allá de la simple recolección de datos. Su tarea consistía en asistir tanto a las investigaciones de la CONADI como a peticiones judiciales y de fiscales que investigaban casos relacionados con desapariciones forzadas. La participación abierta de la Unidad en los procesos judiciales y la capacidad de iniciar investigaciones motu proprio la colocaban en una posición clave para descubrir la verdad y hacer justicia en aquellos crímenes de lesa humanidad.
Un punto controvertido es la capacidad del organismo para acceder directamente a los archivos dependientes del Poder Ejecutivo, incluyendo los de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Este acceso ilimitado, según los funcionarios del gobierno, es una ruptura al equilibrio de poderes necesarios en un Estado democrático.
Finalmente, el Gobierno justificó esta medida asegurando, en la mencionada resolución, que es algo que violenta el régimen constitucional y no tiene sustento que un organismo dependiente del Ejecutivo lleve a cabo medidas “y tenga competencias que corresponden a otro poder del Estado”.