Amnistía Internacional alertó por ataques del gobierno de Javier Milei a la prensa
La reconocida organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, ha lanzado una fuerte advertencia sobre los ataques recibidos por periodistas en Argentina durante la gestión del presidente Javier Milei.
Según una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos, "alrededor de 30 periodistas" han sido objeto de "hostigamiento en redes sociales, digitales y medios de comunicación".
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, remarcó que aunque el gobierno de Milei lleva pocos meses al mando, ya se observa una preocupante tendencia hacia la confrontación y la difusión de noticias falsas. "Estamos siendo testigos de cómo el odio, el temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho", expresó Belski en un comunicado.
El informe resalta que la red social X (anteriormente conocida como Twitter) se ha convertido en una herramienta clave para los señalamientos y acusaciones por parte del gobierno. En dicha plataforma, periodistas como Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O'Donnell y Marcelo Longobardi han sido calificados con términos como "mentirosos", "ensobrados" y "dinosaurios". La cuenta oficial del Presidente ha participado activamente en la repostulación de mensajes que contienen estos insultos, exacerbando el ambiente hostil hacia los comunicadores.
Un punto crítico del documento es el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre establecer nuevos lineamientos para la acreditación de periodistas en la Casa Rosada. El controvertido caso de Silvia Mercado, quien tuvo su acreditación inicialmente rechazada y luego aprobada tras judicializar el tema, ejemplifica la tensión existente.
Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a la CIDH y las Relatorías Especiales para que exhorten al gobierno argentino a detener el uso de discursos criminalizantes y establezcan recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos.
La organización enfatizó que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales y que deben ser protegidos con la mayor rigurosidad posible.