Zafaron de la cárcel: tratamiento contra adicciones y devolución de lo robado

Dos jóvenes resultaron condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso por dos hechos de robo agravado por uso de arma de fuego y deberán realizar un tratamiento contra sus adicciones, entre otras pautas de conducta, para evitar ir a prisión.

Se trata de Ezequiel Facundo Nahuelquín y Agustín Juan Gómez, quienes siguiendo el consejo del defensor oficial Marcos Miguel, se declararon culpables en el marco de un acuerdo pleno de juicio abreviado y en consecuencia fueron condenados por el juez Juan Martín Arroyo, cuya tarea se limitó ante el acuerdo de partes, a verificar el cumplimiento de cuestiones legales.

Gómez, fue acusado por un hecho ocurrido el 22 de marzo de 2024, cuando pactó el encuentro con la víctima a través de redes sociales, para vender una consola Sony Play Station. El acusado, invitó a la víctima a su casa y allí le apuntó con un arma de fuego que extrajo de su cintura y le dijo "dame la plata, si hacés la denuncia te voy a buscar y te voy a matar, ya sé dónde vivís".

La víctima entregó el dinero, unos 120 mil pesos, y tras algunas conversaciones se retiró del lugar.

Tras la denuncia y el inicio de la investigación, las autoridades lograron acreditar la identidad de Gómez, pero no fue posible hallar el arma de fuego utilizada, de lo que se desprende que es imposible determinar si al momento del hecho era apta para el disparo, y tampoco se logró recuperar el dinero robado.

A Nahuelquín, por su parte, le atribuyen un hecho ocurrido el 19 de marzo de 2024 en horas de la madrugada, ocasión en la que abordó un taxi en el centro de la ciudad y antes de llegar a destino extrajo un arma de fuego con la que apuntó al conductor y le dijo “estás robado”.

Se bajó del taxi con unos 35 mil pesos y le dijo al chofer "andá, andá". En ese caso tampoco se recuperó el dinero ni fue posible dar con el arma, por lo que tampoco se determinó si era apta para el disparo.

El acuerdo suscripto por el defensor, los dos acusados y el fiscal Tomás Soto, implicó que ambos reconocieran su participación en los hechos que les atribuyeron y aceptaran una pena de tres años de prisión en suspenso, sujeta al cumplimiento de pautas de conducta por el mismo plazo. Por un lado deberán pagar una reparación de 100 mil pesos y de 35 mil pesos a cada una de las víctimas, con quienes además no podrán tener ningún tipo de contacto y además deberán realizar un tratamiento para su padecimiento de adicciones.