Eliminar el INT implicará “la extinción del teatro independiente en muchas provincias”

La así llamada Ley Ómnibus prevé la derogación de la 24.800 que dio origen al organismo en 1997. La mayoría de su presupuesto proviene de la recaudación que logra el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).

Cinco exdirectores del Instituto Nacional del Teatro (INT) dieron a conocer su oposición ante la propuesta de derogar la Ley 24.800, que plantea el gobierno nacional a través de la así llamada Ley Ómnibus. La que corre peligro es la norma que se aprobó en 1997, cuando todavía no finalizaba la década menemista y el sector público no pasaba por sus mejores momentos. Entre otras incumbencias, instituyó al organismo que está en la picota, además de regular a la actividad teatral en su conjunto.

Gente de prestigio en el quehacer teatral, como Rubens Correa; Raúl Brambilla; Guillermo Parodi; Marcelo Allasino y Gustavo Uano, expresaron “públicamente” su “firme oposición a la derogación de la Ley 24.800, según lo propone el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo”. Asimismo, respaldaron “de manera unánime y categórica el pedido de las comunidades teatrales y culturales de nuestro país, las cuales solicitan la continuidad de las políticas públicas emanadas por el INT”.

Para el conjunto de exdirectores, “este organismo ha sido una herramienta crucial para el fomento, sustento y desarrollo de nuestras artes escénicas en todo el territorio nacional. Sus múltiples logros son la demostración de la potencia de las políticas de Estado, sostenidas a lo largo de gobiernos de distintos signos políticos, y se han transformado en un faro de referencia para toda la región iberoamericana”.

Correa, Brambilla, Parodi, Allasino y Uano destacaron que “la actividad teatral independiente requiere la presencia imprescindible de este organismo descentralizado, que funciona con un carácter federal, colegiado, y con aportes genuinos”. En consecuencia, “la derogación de la Ley 24.800 implicaría una afrenta al espíritu democrático y colectivo que la gestó, y que llevó décadas de discusiones y consensos para lograrla”.

Su eliminación “conllevaría al desfinanciamiento y la parálisis de numerosos proyectos, espacios, salas, circuitos y festivales, así como la destrucción de miles de fuentes de trabajo, marcando el camino hacia la extinción del teatro independiente en muchas provincias”, alertaron los teatreros. Por ende, “coincidimos en la importancia de los objetivos y valores que la Ley 24.800 promulga, garantizando la continuidad de una política de Estado eficiente que trasciende los diferentes gobiernos”.

Para los exdirectores, “querer eliminar al INT constituye un ataque injustificado a la Cultura Nacional (sic), a nuestra identidad y al desarrollo descentralizado que el teatro independiente ha construido”. El texto, que se puso a circular sobre fines de la semana pasada, concluye con una exhortación: “le pedimos a nuestros legisladores que no lo permitan”. En la que corre, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sigue con el análisis de polémico proyecto.

La norma que el gobierno de La Libertad Avanza quiere dejar sin efecto establece que el presupuesto del INT se conforma entre otras fuentes de menor relevancia, “con el 8 por ciento del total de las sumas efectivamente percibidas por el Comité Federal de Radiodifusión o el organismo que haga sus veces (ENACOM), en concepto de gravamen. Estos fondos deberán ser transferidos automáticamente y en forma diaria al INT”, es decir mal pueden incidir sus cuentas en el déficit o superávit de la administración pública centralizada.