Preocupación mapuche ante camino judicial

Ante un dictamen del procurador general Jorge Crespo que solicita revocar una sentencia en primera instancia (que en la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro califican como “ajustada a derecho”) donde se obliga al Estado a realizar el proceso de consulta previa libre e informada en pos de saber si hay consentimiento para hacer exploraciones mineras en la zona andina provincial, desde la organización indígena se mostró preocupación.

“El dictamen del procurador está fuera de la legalidad”, señalaron referentes del Parlamento, a la vez que indicaron: “El argumento principal que utiliza es que desconoce si hay comunidades mapuche tehuelche en el territorio donde la Secretaría de Minería ha otorgado permisos de prospección, cateos, y exploración minera. Argumenta el procurador la propia falta del Estado en no concluir el relevamiento territorial de la Ley 26.160 para desconocer la posesión de las comunidades y así vulnerar los derechos colectivos que nos asisten. Al respecto, en un caso similar (Saramaka c/Surinam) la Corte Interamericana ha fallado que si el Estado no ha cumplido con su obligación de determinar el territorio de los pueblos indígenas no puede aprovecharse de ello para eludir la consulta previa libre e informada”.

Desde el Parlamento indígena, asimismo, recalcaron que el propio Estado argentino ha sido condenado por la Corte Interamericana en un fallo donde se “relacionó la protección del derecho al territorio con la del derecho a la identidad cultural, a la consulta previa libre e informada, al medio ambiente sano, a la alimentación y el acceso al agua”. 

En tal sentido, los miembros de la organización mapuche rionegrina manifestaron que la entidad “dispuso que el Estado argentino debe abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena que puedan afectar su existencia, valor, uso y goce por parte de las comunidades, u ordenar, requerir, autorizar, tolerar o consentir que terceros lo hagan”.

Sobre el punto en que quedó legalmente el tema puntual que derivó en la preocupación que los llevó a manifestarse, explicaron: “Ahora el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene la definición sobre el amparo colectivo en donde reclamamos nuestro derecho a ser consultados y expresar nuestro consentimiento o no”.

“Cuarenta años de democracia de un Estado que todavía no ha reconocido el genocidio indígena nos habilita a exigir un fallo que se ajuste al derecho internacional, que reconozca la historia del territorio, que se ajuste a los Derechos Humanos, un fallo que reconozca nuestros derechos como pueblos preexistentes al Estado Nacional”, concluyeron los representantes mapuches.