En el norte del país miran con preocupación el acuerdo que se firmó por Mascardi

El acuerdo entre funcionarios nacionales y representantes mapuches por el conflicto de Villa Mascardi no solo repercutió en la zona patagónica.

Muestra de ello es que en la asociación civil para Protección, Desarrollo y Cooperación de la Propiedad Privada (PRODECO) se prendieron las alarmas. La agrupación es una especie de Consenso Bariloche norteño (hace un par de años la entidad organizó un foro al que denominó Consenso Tucumán).

Al ser consultada acerca de si consideraba que algo parecido podía producirse en la parte superior del país, la periodista salteña María Eugenia Briones, directora de prensa de PRODECO, opinó: “Con este Gobierno, o uno similar, puede pasar cualquier cosa”. En ese sentido, remarcó que la situación de usurpaciones en Santiago del Estero “está muy mal”.

“El pacto constitucional está roto”, manifestó.

De esa forma, apreció que, con el texto que se firmó por Villa Mascardi, que incluye la posibilidad de que la machi (autoridad espiritual) de la comunidad Lafken Winkul Mapu retorne al sitio que consideran sagrado (rewe) en un predio de Parques Nacionales, así como el compromiso de la entrega de tierras en una zona fuera del paraje -pero no lejana- para el resto de la lof, “el mensaje que se le da a la sociedad es malo”. En ese sentido, sostuvo: “Tenés que robar, incendiar, vandalizar, pelearte con la gente, cortar la ruta, apedrear, y así, quizá, lográs que te den una casa, un subsidio, que los delitos se te perdonen…”.

Además, en referencia a Betiana Colhuan (la machi) y a las otras integrantes de la comunidad que permanecieron con prisión preventiva domiciliaria durante ocho meses, expresó: “Las mujeres que se encontraban detenidas no lo estaban por el delito de usurpación, porque eso es excarcelable, sino por un montón de otras cuestiones. Cuando se hizo el operativo donde se recuperaron los terrenos de Diego Frutos, Luis Dates y demás, se encontraron muchas cosas que habían sido denunciadas como robadas, como por ejemplo herramientas”.

“El Gobierno nacional se queja de que, desde algunas áreas de la política, se lo persigue judicialmente, pero acá, dado que el juez había dicho que no a la excarcelación, decidió decir que sí... Los pseudomapuches pusieron un plazo perentorio y el Gobierno pasó sobre la Justicia”, afirmó Briones, quien resaltó: “No nos queda claro qué mecanismo activaron para hacerlo”.

Además, la periodista salteña remarcó que en el acuerdo no se les dio voz a los damnificados, en referencia a los vecinos de Villa Mascardi.