VILLA MASCARDI
Andrea Reile: “Pienso que el acuerdo con el Gobierno se va a firmar”
“Pienso que el acuerdo con el Gobierno se va a firmar”, dijo la abogada Andrea Reile, quien representa a Celeste Ardaiz Guenumil, una de las cuatro integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu con prisión preventiva domiciliaria, al referirse a la posibilidad de que funcionarios nacionales y referentes mapuches rubriquen un pacto en relación al conflicto de Villa Mascardi.
“La comunidad ha cumplido lo que se le pidió desde el Estado nacional, accedió a todos los requerimientos”, afirmó la letrada.
En tal sentido, resaltó: “Incluso aceptó dividirse, una parte quedarse en el rewe (sitio sagrado) y la otra ir a las hectáreas que el Gobierno le asigne”. La mención es porque entre los puntos del preacuerdo al que se llegó en Bariloche el 10 de febrero, en una reunión enmarcada en la mesa de diálogo iniciada a pedido del presidente Alberto Fernández, figuró que la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan podría retornar al rewe con su familia, mientras que al resto de la lof se le cedería tierras en la zona de lago Guillelmo.
La abogada expuso: “Para empezar a reparar un poco la historia de injusticia que ha vivido no solo esta comunidad, sino el pueblo mapuche en general, no veo otra salida que no sea el diálogo”.
Además, recalcó que “el reclamo por el rewe no lo hace solo la Lafken Winkul Mapu, sino el pueblo mapuche en su totalidad”.
Por otra parte, reflexionó: “No se puede tratar este tipo de cuestiones como un caso normal, porque lo atraviesan un montón de circunstancias que lo hacen demasiado específico”.
Así, a pesar de las demoras que se han ido presentando para concretar la firma, Reile se mostró confiada. “Es un entramado muy complejo”, consideró, al evaluar los motivos que pueden haber llevado a que la cuestión se estire en el tiempo.
Cabe recordar que, en aquel mencionado encuentro en Bariloche, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, había manifestado que volvería a la región dos semanas después, cosa que no ocurrió. Luego, a las autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, se les indicó que la reunión sería el 9 de mayo, pero se pospuso.
La nueva fecha posible para cerrar el acuerdo es el 1 de junio, aunque son muchos los que aún desconfían.
No es el caso de Reile, quien indicó: “Entiendo que pueden llegar a haber dilaciones, negociaciones y demás cuestiones. Sé que es algo complicado, que complejizaron más con el desalojo del 4 de octubre (de 2022) efectuado por el Comando Unificado”.
La letrada, entonces, consideró que la tardanza puede deberse “a cuestiones netamente administrativas”.
“Se tiene que llegar a una solución dialogada, no solo en este, sino en todos los conflictos”, expuso.
De esa manera, se refirió a cómo seguiría todo si, finalmente, el convenio se rubricara. “Ante un acuerdo que permite la implementación de lo que ambas partes están requiriendo, no tendríamos una causa judicial, ya no se estaría hablando de una usurpación”, expuso.
En ese sentido, sintetizó: “La causa se tendría que caer por un acuerdo de las partes”.
Al respecto, citó el artículo 34 del Código Procesal Penal, que señala: “Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes”.
La normativa también indica que “la acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal”.
“Hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación”, concluye el artículo citado.
De esa forma, Reile apreció: “Si se firma, tenemos que ir con el acuerdo al juzgado, presentarlo y decir que las partes, es decir, el Estado nacional y la comunidad, resolvieron esa serie de puntos para implementar inmediatamente. El juez deberá tomar la decisión de archivar la causa o buscar la forma que considere pertinente ante la presentación del acuerdo de partes”.
“La única solución es el diálogo”, reiteró la abogada, a modo de conclusión.