Imputaron a dos policías por agredir a un detenido

La fiscala adjunta Fernanda Orticelli requirió la apertura formal de una investigación contra los empleados policiales Néstor Córdoba y Gabriel Espinoza, a quienes atribuyó una serie de agresiones cometidas contra un hombre que había sido detenido tras un episodio de violencia doméstica. La defensa reclamó por la falta de sustento probatorio y el juez le dio la razón, pero habilitó el inicio del proceso por cuatro meses.

El caso planteado por la fiscalía tiene además como sospechoso a otro empleado policial identificado como Daniel Dávila, aunque el mismo no se presentó a la audiencia y habrá otra oportunidad para que lo imputen formalmente en el caso.

De acuerdo a la versión fiscal, el hecho investigado ocurrió el 8 de julio de 2022, en el interior de un calabozo de la comisaría 42 del Alto de la ciudad. En ese lugar, había sido alojado Nicolás Cantero, que resultó detenido y trasladado a la dependencia policial tras haber protagonizado una violenta discusión con su pareja.

Pero de acuerdo a la investigación fiscal, una vez dentro del calabozo, los agentes policiales imputados lo agredieron con golpes de puño mientras le decían "¿Así que te gusta pegarle a las mujeres?". En esas circunstancias la víctima advirtió que contaba con un certificado de discapacidad, pero los malos tratos continuaron.

Como consecuencia de lo narrado, el detenido sufrió una serie de lesiones leves en su anatomía, que fueron constatadas luego por el médico policial.

La fiscalía encuadró el hecho como constitutivo del delito de vejaciones en acto de servicio y lesiones leves agravadas por ser cometidas por personal policial, con abuso de sus funciones, a título de coautores y reclamó cuatro meses para completar la investigación formal del hecho.
La defensora particular María Rodrigo realizó un planteo para que la prensa no pueda publicar fotografías y nombres de los imputados, aunque el juez de Garantías Sergio Pichetto, rechazó el planteo apelando al carácter público de las audiencias judiciales.

A criterio de la defensa, va a ser la propia fiscalía la que abandone o cambie el rumbo de la investigación una vez que tenga en su poder las pruebas que revelen la forma en que ocurrieron los hechos y en ese sentido apeló al cuidado de la imagen de los uniformados, a quienes describió como "empleados con muy buena trayectoria, sin ningún tipo de antecedentes".

En la misma línea, reclamó que se postergue la formulación de cargos hasta tanto la fiscalía pueda presentar los elementos probatorios que ya debía haber reunido a esta altura de la investigación preliminar.

No obstante, el juez Pichetto habilitó la investigación del episodio, concediendo un plazo de cuatro meses para completarla.