Reclamaron indemnización y ser reconocidos como petroleros privados

No les faltó nada: habían sido contratados por el encargado de una chacra en Catriel para organizar un “piquete” por su experiencia en este tipo de actividades. Cuando terminó la “changa”, se consideraron despedidos e iniciaron un juicio laboral: pidieron salarios caídos, una indemnización y ser reconocidos según el convenio de petroleros privados o de peón rural. Demasiado por tan poco.

Luego de analizar las pruebas, la Cámara del Trabajo rechazó los reclamos por tratarse de un objeto ilícito, situación prohibida en la ley. Todas las partes tendrán que afrontar los gastos del juicio. Para los jueces, el objeto del contrato entre los dos hombres y el demandado “desde la óptica del Derecho del Trabajo, ha sido ilícito, contrario a la ley y a la moral y buenas costumbres, por comprometer el interés general y el derecho de libre circulación, amparado por la Constitución Nacional”.

Estos dos personajes habían sido convocados para impedir la circulación en un campo, ubicado a 39 kilómetros de Catriel, en litigio debido a que dos familias se disputan la propiedad. El interés es que en la zona se realiza una actividad petrolera y la empresa tiene que pagar “servidumbre de paso”.

El encargado del campo que organizó el piquete pretendía impedir la circulación de un camino interno para que la familia vecina no accediera hasta ese lugar. Supuestamente, según sus expresiones, intentaban usurpar esa parcela. Por esa razón, trasladó a un grupo de ocho personas, dos de las cuales promovieron luego un juicio laboral para reclamar salarios e indemnización por despido.

En la demanda, los dos hombres que protagonizaron el piquete sostuvieron que trabajaron como “serenos” y que, en consecuencia, su actividad debía ser encuadrada en la categoría “peón general” del sector agrario. En su defecto, solicitaron acogerse al Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros Privados debido a que en ese sitio había una firma que explotaba el petróleo.

El demandado negó todas las circunstancias y explicó que uno de los hombres es “un conocido y activo piquetero, participante en distintas situaciones de cortes de ruta y piquetes”, que era amigo de su familia, y por esa experiencia como piquetero lo convocó para realizar el corte. Por esa tarea, le ofreció 10.000 pesos semanales. Esa persona, supuestamente, fue la encargada de convocar al resto.

Los demandantes no pudieron probar la realización de ninguna actividad agrícola y, ante el reconocimiento de los hechos por parte del demandado, la Cámara del Trabajo rechazó los reclamos por tratarse de un objeto ilícito, situación prohibida en la ley. Todas las partes tendrán que afrontar los gastos del juicio.