“Argentina tiene muy buenas leyes ambientales, el problema es que no las aplicamos”

El fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, nació en Puerto Deseado, Santa Cruz, pero pasó gran parte de su juventud en Bariloche y en Ingeniero Jacobacci, ya que su padre era trabajador bancario y lo trasladaban a diversas ciudades.

En esta parte de la Patagonia, incluso, conoció a quien luego se transformó en su esposa.

Además, de aquello años, por más que está radicado en el norte del país, mantiene amistades del secundario.

Justamente, esos amigos lo invitaron a dar una charla acerca de su especialidad, los delitos ambientales, en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue (Quintral 1250), hoy lunes a las 18.

La jurisdicción que Gómez abarca como fiscal, además de Tucumán, a Catamarca y Santiago del Estero. “En esas tres provincias, tenemos alrededor de ochenta causas por crímenes ambientales; me llama mucho la atención que en Bariloche no haya”, dice, y explica que el objetivo de la disertación en la ciudad “tiene que ver con enseñarle al ciudadano común cómo hacer una denuncia de ese tipo”.

A través de su página de Internet (fiscalgustavogomez.com.ar), las personas pueden contactarse, precisamente, para que se las guíe en los procedimientos que deben seguir cuando quieren denunciar un hecho relacionado con la temática.

–¿Cómo definiría lo que es un delito ambiental?

–Es lo que afecta al bien jurídico interés vital, ligado a conceptos como la Pachamama y la casa común. En las universidades nos enseñan el Código Penal y que los crímenes se dividen de acuerdo a los bienes jurídicos que se afectan. Por ejemplo, en cuanto al bien jurídico fe pública, se incluyen los delitos como falsificación de instrumentos públicos. Pero cuando hay un crimen cuya finalidad es afectar el interés vital de la naturaleza, por ejemplo obtener un permiso para desmonte cuando la ley lo prohíbe falsificando un informe de impacto ambiental, no sólo hay un delito contra la fe pública, sino que también se trata de un medio para cometer algo mucho más grave contra la madre tierra. También existen delitos específicos, como el que indica la Ley 24.051 (de residuos peligrosos) y la contaminación por líquidos cloacales.

–¿Cómo observa esa temática en Bariloche?

–Bariloche ha sido un poco mi cuna en mi interés por esta clase de delitos, porque egresé de la escuela Ángel Gallardo. En esos años, a mediados de los setenta, en los profesores existía interés por la defensa de la naturaleza, aun cuando no estaban legislados los crímenes ambientales. Ya en esa época se hablaba mucho del volcado de los líquidos cloacales al lago Nahuel Huapi.

–Con la obra que se está llevando adelante en la actualidad, ¿se solucionaría en alguna medida la problemática?

–No lo sé, porque no la conozco en lo particular, pero el solo hecho de que se vuelque algo ya es un delito. Hay muchos lugares del país donde se abrieron causas y se tomó declaración indagatoria a los directivos de empresas vinculados al tratamiento de los líquidos cloacales. 

–Jurídicamente, ¿cómo está tratado el tema de los delitos ambientales en el país?

–Argentina tiene muy buenas leyes ambientales, el problema es que no las aplicamos. Tenemos mejores normativas, incluso, que muchos países de Europa. Creo que hay un fracaso absoluto del sistema de administración de justicia en este tema. Existe gran reticencia de parte de fiscales y jueces a aplicar la normativa, y eso se traduce en ámbitos académicos. En las facultades no se enseña el derecho penal ambiental, como sí ocurre en otros países que no tienen leyes tan buenas como las nuestras que, sin embargo, han focalizado el tema en lo referente a los crímenes ambientales, algo que a nosotros nos falta.