Enésimo intento frustrado de Control de Acusación contra comunidad Buenuleo

La amenaza de bomba en los tribunales locales se dio pocos minutos después de que hubiera comenzado la audiencia de Control de Acusación contra los miembros de la comunidad Buenuleo que están acusados por la usurpación de un predio que disputan con un privado. Uno de los defensores presentó un certificado médico por el que justificó su imposibilidad de desarrollar su tarea y el caso pasó para el próximo martes.

Con el vencimiento de plazos a la vuelta de la esquina, la fiscalía y la querella llevan varios intentos frustrados por presentar y controlar la acusación contra los miembros de la comunidad Buenuleo imputados por usurpación. Antes había sido el faltazo de los acusados y defensores, luego fueron los problemas de conectividad de parte de los sospechosos que pretendían participar de la audiencia vía Zoom, más adelante fueron los planteos defensivos, el feriado que dispuso el Poder Ejecutivo tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández, y ahora, una amenaza de bomba que se dio apenas minutos después de que comience la audiencia.

En la previa, el juez Ignacio Gandolfi había rechazado los planteos de recusación que intentaron las defensas para apartar al juez Marcelo Álvarez Melinger y los fiscales. 

En definitiva, el Control de Acusación, en el que las partes acusatorias presentarán la imputación y requerirán la elevación a juicio y la citación de los testigos necesarios para sostener la teoría criminal que les atribuyen a los miembros de la comunidad, volvió a quedar trunca este martes y pasó a la próxima semana.

Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Quijada y Claudio Raile están acusados de usurpar un predio sobre el que reclaman derechos ancestrales, pero que también es reclamado por Emilio Friedrich, quien había adquirido una parte de los terrenos en disputa, por medio de una cesión de un boleto de compraventa que le hiciera Claudio Thieck.

Todos los nombrados habían sido formalizados de la investigación penal en su contra y luego la decisión fue confirmada cuando en distintas instancias los planteos defensivos fueron rechazados. No obstante, el caso atravesó también un momento de incertidumbre cuando el Tribunal de Impugnación los sobreseyó al considerar atípico el hecho investigado, luego de la Resolución 90/20 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoció "la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad con asiento en la provincia de Río Negro respecto de la superficie de tierra en disputa". 

Esa resolución derivó en el retiro del caso de la fiscalía, aunque como luego fue declarada nula el caso quedó en condiciones de ser elevado a juicio. Sin embargo, ya van seis intentos truncos por avanzar con los planteos.