Goza de prisión domiciliaria y pidió ayuda alimentaria: rechazaron su planteo

César González está detenido desde septiembre del 2021 acusado de ser cabecilla de una organización que se creó para usurpar una serie de terrenos sobre la ladera sur del cerro Otto. Fue beneficiado con prisión domiciliaria pero adujo que ello le impide procurarse alimentos y reclamó asistencia estatal para recibir el sustento. La petición fue rechazada porque no se acreditó su estado de necesidad.

La jueza Romina Martini rechazó la petición de la defensa oficial de César González para que el Estado le aporte alimentos que colaboren con su manutención mientras goza del beneficio de la prisión domiciliaria que se le concedió tiempo atrás en el marco del legajo en el que está imputado por usurpación, instigación a cometer delito y atentado a la autoridad agravado.

Para la jueza, no se acreditó con ningún elemento fehaciente el estado de necesidad que reclamó González a través de su defensa, ni tampoco el propio acusado se mostró interesado al no acudir a la audiencia a la que había sido formalmente notificado.

La defensa alegó que requería el auxilio jurisdiccional para que el Servicio Penitenciario, el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados o algún otro estamento estatal le provea el alimento que lo saque de la situación límite que atraviesa al estar detenido en un domicilio con condiciones muy precarias, junto a otros familiares, sin la posibilidad de trabajar y procurarse el sustento.

Pero la jueza recordó que el Estado tiene la obligación, a través del Servicio Penitenciario, de mantener a las personas que se encuentran privadas de su libertad en algún establecimiento carcelario. No así, de las personas que gozan de otro tipo de beneficios como la prisión domiciliaria, número que en la actualidad asciende a unas cuarenta personas dentro de la ciudad. Además, remarcó que González está con prisión preventiva a pedido de su defensa y con el consentimiento de la fiscalía.

Según la imputación, González actuó como líder y promovió y facilitó la usurpación desplegada por varias personas en la intersección de las calles Prayel y Neneo, sobre la ladera sur del cerro Otto. Se trata de tres parcelas que pertenecen a dos privados y al municipio y que tienen una extensión mayor a las 150 hectáreas.

Según la fiscalía, González organizó y planificó, se mostró como referente de una cooperativa de viviendas y aseguró que el municipio le había cedido una casilla para instalarse en el lugar, por lo que ingresó a los predios junto a otras 80 personas y usurpó el sitio. Todo ocurrió en el mes de agosto del año pasado.

El sospechoso cuenta con varios antecedentes penales que lo obligaron a cumplir una condena de veintitrés años y un mes de prisión, que agotó en 2019.