Exministro y funcionario nunca pagó la multa por negarse al control de alcoholemia

Hace unos días, se conoció que el exministro de Desarrollo Social de la provincia y exlegislador, Ricardo Arroyo, asumió como secretario de Gobierno en el municipio de Sierra Grande, aunque es oriundo de Lamarque.

A raíz de esto, se recordó el episodio que Arroyo protagonizó en Bariloche en 2018, cuando fue infraccionado por negase a ser sometido a un control de alcoholemia, en un operativo de tránsito.

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Al respecto, se consultó a la Asesoría Letrada de la Municipalidad, en qué situación había quedado el caso y la respuesta resultó más que llamativa, ya que Arroyo nunca pagó el monto de la infracción ($84.426) y su caso fue judicializado.

En primer término, el ahora nuevamente funcionario inició una demanda contencioso administrativa solicitando se declare la nulidad de la sentencia de la jueza de Faltas, por la cual se le impusiera multa e inhabilitación para conducir vehículos, argumentando principalmente que “se vio vulnerada la posibilidad de ejercer su derecho de defensa”.

La demanda fue debidamente contestada por la Municipalidad, se produjo toda la prueba y el 16 de febrero pasado se tuvo por clausurado el período probatorio, disponiendo la Cámara los autos para alegar.

Arroyo fue concejal tres periodos en Lamarque entre 1995 y 2007. Fue funcionario en ese municipio a partir de 2008 y en 2011 fue electo legislador hasta 2014, cuando asumió como ministro de Desarrollo Social de Río Negro, para luego volver a ser legislador hasta 2019. Tras un par de años sin que se le conozca un trabajo en la política, ahora asumió como secretario de Gobierno en el municipio de Sierra Grande, que conduce el intendente Bruno Tamburrini.

Allí, entre otras cosas, deberá hacer cumplió con las normas vigentes, algo que curiosamente él no hizo en Bariloche, donde ni siquiera abonó el valor de la infracción cometida, pese a haber reconocido que había cometido una irregularidad.

Además, circulaba sin contar con el comprobante de seguro vigente, infringiendo la normativa. Se labró acta consignando los datos del conductor, lugar, fecha, hora, datos vehículo. Se le retuvo carnet de conducir de acuerdo a lo dispuesto por el art. 32 y 33 de la Ley 26.363.

El caso

El 12 agosto de 2018 el exministro de Desarrollo Social y entonces legislador provincial Ricardo Arroyo, en un control vial de rutina en el kilómetro 2,300 sobre la Avenida de los Pioneros de esta ciudad realizado a las 4.50 hs de ese día, se negó rotundamente a realizarse un test para medir la graduación de alcohol que llevaba en la sangre. Además, circulaba sin contar con el comprobante de seguro vigente.

Arroyo reconoció después haber tomado dos whiskies, pero aun así aquel día rechazó el examen alegando inocencia. Los agentes procedieron, de acuerdo al protocolo de tránsito, a retirarle el carnet y el vehículo, una camioneta Volkswagen Amarok. El infractor discutió durante una hora con los inspectores hasta que logró que su mujer se pusiera al volante. Su licencia quedó en manos del municipio barilochense y la multa fue de 79 mil pesos.

No era Robledo Puch

Pero no fue solo eso. Al día siguiente de haber sido infraccionado, el entonces diputado provincial acudió al Concejo Deliberante de Bariloche y mantuvo una acalorada discusión con los ediles. Aseguró que habían sido violadas sus libertades constitucionales. “Que haya cometido una infracción no quiere decir que sea Robledo Puch”, les retrucó oportunamente.

Algunos de los concejales le exigieron que renuncie. Incluso, estuvieron a punto de sacar una moción. En este encuentro también le recordaron que su conducta era indefendible aludiendo que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Y, como si fuera poco, un mes más tarde, aprovechando su condición de legislador y de oriundo de Lamarque, Arroyo hizo el trámite para sacar su licencia en el municipio local. Una acción ilegal, puesto que su carnet de conductor se encontraba retenido en Bariloche, al tiempo que tenía prohibido manejar en el territorio nacional.

Pero Arroyo no se rindió. Días más tarde, envió una carta documento al intendente Gustavo Gennuso, exigiendo que se le devuelva su licencia de conducir en un plazo “perentorio e improrrogable” de 48 horas y que podría hacer una denuncia penal.