Algunas precisiones sobre el Parlamento de pueblos originarios

Tras el cierre de Parlamento de comunidades de pueblos originarios que se realizó en Viedma, se conocieron algunos datos sobre lo que sucedió en el encuentro.

Por un lado, se supo que hubo posiciones distintas, ya que se distinguieron diferentes maneras de ver la relación con el Estado, sobre todo en la forma de encarar la discusión política.

Fueron tres días de debate arduo.

Cabe recordar que, en un primer momento, el Parlamento se iba a realizar en Jacobacci, en diciembre, pero hubo una fuerte oposición de varias comunidades que veían, en la intención de que se llevara a cabo allí, un trasfondo vinculado a relaciones de algunos sectores con el gobierno provincial para producir el ostracismo del encuentro.

Así, una parte de quienes estaban en desacuerdo propuso como sede a Bariloche, para conseguir una exposición mediática que trascendiera el ámbito indígena.

Eso tampoco prosperó.

Finalmente, se optó por Viedma.

La idea siempre fue, según trascendió, contener la mayor cantidad de opiniones, para, a partir de las distintas miradas, aunar conceptos, con la intención de mostrarse unidos.

La cifra de asistencia de comunidades fue importante: si bien no se llegó al ideal, que rondaba un número cercano al cien, ochenta y tres estuvieron presentes, lo que habla de una buena respuesta, con más de doscientas personas.

Hubo varias comunidades que, ante la imposibilidad de asistir, expresaron, a la distancia, su acompañamiento.

La mayor coincidencia se dio sobre algunas temáticas particulares.

De esa forma, sobresalió la demanda acerca del problema territorial, en especial con las demoras en el cumplimiento de la Ley 26.160, de emergencia en la temática, que lleva varios períodos se extensión, sin terminar de cumplimentarse. Cabe recordar que fue sancionada a fines de 2006, por una vigencia de cuatro años, y sin embargo, ante su falta de concreción a gran escala, se fue alargando a partir de prórrogas –la última de ellas, sobre fines del año pasado, por un decreto presidencial.

También se habló mucho acerca de una posición clara contra los proyectos mineros en la provincia.

Incluso, se propuso que, para ahondar en esa temática, así como abordar otras, en abril o mayo se concretara un nuevo encuentro, lo que quedó latiendo como una posibilidad.

Asimismo, en vista al papel político y social de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, que en los últimos tiempos tomó mayor fuerza a partir de una revalorización identitaria y la vigorización de ciertos reclamos, como también tragedias –con diferentes orígenes– que afectaron a la población originaria –las muertes de Rafael Nahuel y Elías Garay son los ejemplos icónicos–, y hechos vandálicos que, a la inversa, se le endilgan a ciertos sectores de origen indígena radicalizados, se habló de cuestiones relacionadas con el rol que se debe tener, así como de poner en marcha el estatuto de la organización, sin olvidar la problemática vinculada a los fondos necesarios que sirvan para responder a distintas demandas.

Luego, como suele suceder, las cuestiones relacionadas a las representaciones depararon un tiempo especial donde reinaron opiniones y discusiones.

Finalmente, entre las decisiones principales, se acordó que Orlando Carriqueo continúe como werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, mientras que el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) tendrá nuevo presidente, Newen Loncoman, quien hasta el momento era consejero de la zona Andina.

Esa designación –junto al resto, en relación a los consejeros de las distintas zonas– se debe presentar en un acta del Parlamento al gobierno provincial, para que se firme la resolución administrativa que la avale, trámite que no debería demorar más de treinta días.

Cabe recordar que Loncoman, precisamente, en una conversación con El Cordillerano en noviembre de 2021, con motivo de un encuentro intercultural realizado en la Universidad del Comahue, había expresado que la relación entre el CODECI y el gobierno de Río Negro era mala: “Directamente, no hay diálogo”, señaló en aquel momento.

“Es más fácil que la gobernadora nos acuse de terroristas que tratar de abordar los conflictos y regularizar la tierra”, sostuvo aquella vez.

Ahora, que se produjo el anuncio de Arabela Carreras en torno a la creación de una Dirección de Pueblos Originarios, en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Comunidad, con el fin de analizar la cuestión del acceso a títulos comunitarios, en un proyecto que notificó formalmente en la apertura de las sesiones legislativas de este año, resuena lo que Loncoman, en la ocasión citada, expuso al referirse al accionar del CODECI: “Su función principal es tratar de regularizar los territorios de las comunidades que, en este momento, administrativamente, están en jurisdicción de la provincia de Río Negro, es decir sobre tierras fiscales”.

De esa manera, ante la novedad acerca de que, si no sucediera nada extraño en la Legislatura, surgiría una nueva área que tratara el tema, se avizoran momentos de discusiones donde Loncoman podría llegar a tener un papel importante.