Otros cuatro cordobeses devolverán dinero y evitarán un proceso judicial

En el marco de dos causas distintas, cuatro ciudadanos cordobeses evitaron la continuidad de los procesos al comprometerse a devolver el dinero proveniente de estafas telefónicas cometidas contra vecinos barilochenses.

Ivana Rojas y su pareja Felix Cáceres, los dos domiciliados en Córdoba Capital, pidieron la aplicación de un criterio de oportunidad y, a través de un acuerdo entre el defensor oficial Marcos Miguel y el fiscal Tomás Soto, accedieron a un criterio de oportunidad que dará por concluido el trámite judicial, si respetan las condiciones pactadas.

En una audiencia que presidió el juez de Garantías Sergio Pichetto, ambos accedieron a la solución alternativa del conflicto que habían generado al perpetrar una estafa telefónica contra un vecino barilochense.

Sobre la mujer pesaba además una declaración de rebeldía y un pedido de captura por no haberse presentado a una audiencia citada para el pasado 2 de febrero. Pero todo quedó en la nada a partir de su compromiso para devolver el dinero.

De acuerdo a lo manifestado por el fiscal Tomás Soto, los dos habían engañado telefónicamente a un barilochense, estafándolo por un monto superior a los 140 mil pesos.

No obstante, antes del inicio de la audiencia ya habían concretado la devolución de ochenta mil pesos, mientras que el dinero restante será devuelto a su propietario en los próximos tres meses.

Lo anecdótico del caso es que ni siquiera llegó a la instancia de formulación de cargos y todavía estaba en la etapa de averiguación preliminar de parte de la Fiscalía. Ocurrió que la evidencia colectada era contundente y los acusados prefirieron acceder al acuerdo para dar por cerrado el caso sin consecuencias mayores para ellos.

En otro caso que también se tramitó este viernes a través de una audiencia convocada por videoconferencia, Aldana Valentina Juárez de Córdoba capital y Abril Paolino, domiciliada en la localidad de San Francisco, Córdoba, lograron una solución idéntica a la pautada en el caso anterior.

A través de un criterio de oportunidad se comprometieron a devolver el dinero, pero en cuotas. Si cumplen su palabra, el caso se cerrará definitivamente.

Curiosamente el caso tramitó con los mismos funcionarios judiciales. El juez de Garantías Sergio Pichetto presidió la audiencia, el fiscal Tomás Soto acusó y el defensor oficial Marcos Miguel asistió a las dos imputadas.

En el caso se acordó un plan de pago, mediante el cual Juárez deberá reintegrar seis cuotas de 33 333 pesos a su víctima, mientras que Paolino deberá pagar cuatro cuotas de 21 500 pesos.

En ese legajo judicial, además está involucrado otro sujeto, Matías Vielmetti, oriundo también de la localidad cordobesa de San Francisco, quien no logró ser debidamente notificado y no asistió a la audiencia, por lo que en su caso habrá una reprogramación de audiencia para ver si puede arribarse a una solución que no implique la continuidad del proceso.