Suspendieron los plazos procesales y el desalojo de la comunidad Quemquemtreu

Por acuerdo entre la defensa, la Fiscalía y la parte querellante, el juez Ricardo Calcagno suspendió los plazos procesales por seis meses, que pueden ser prorrogados, y ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares que se habían ordenado, a fin de que los protagonistas del conflicto busquen una salida alternativa a la judicial.

Los integrantes de la autodenominada Lof Quemquemtreu, a través de su abogada Andrea Reile; Rolando Rocco, a través de su letrado, Ernesto Saavedra; y la Fiscalía, representada por Francisco Arrien, presentaron un acuerdo de partes ante el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, y pidieron la suspensión de los plazos procesales y el levantamiento de todas las medidas cautelares ordenadas en el legajo, por el plazo de seis meses, con el objeto de que todos los involucrados en el conflicto intenten arribar a un acuerdo que brinde una salida alternativa y pacífica al conflicto desatado a partir de la ocupación de tierras en Cuesta del Ternero, por parte de la comunidad como parte de un plan para su recuperación.

En la audiencia que presidió el juez de Garantías Ricardo Calcagno, el abogado querellante Ernesto Saavedra, en representación del privado que explotaba las tierras en conflicto, planteó que las partes habían arribado a un acuerdo para suspender los plazos procesales por seis meses.

Andrea Reile —defensora de Lautaro Cárdenas, Juan Baeza, Romina Jones, Ariadna Mansilla, Alejandro Morales y Mauro Vargas— manifestó su aceptación a la propuesta y agregó que el acuerdo alcanzado entre los protagonistas alcanzaba a todas las medidas cautelares que se habían ordenado en el legajo judicial. Es decir, la medida de desalojo, la prohibición de ingresar comida y abrigo a los ocupantes del predio, la circulación por la zona y toda otra restricción que se haya dictado sobre la cuestión.

Según lo manifestado por las partes, la aceptación del acuerdo implicaba que, a partir del día de la fecha, adquiría operatividad lo resuelto, por lo que hasta el 17 de agosto quedaba todo en suspenso, con la posibilidad de que un nuevo acuerdo permita extender la prórroga por seis meses más.

Romina Jones, una de las imputadas en el legajo judicial, ratificó su visión de aceptar el acuerdo y explicó: “Vamos a seguir peleando, no va a ser el último conflicto que tengan”. “Nuestros derechos valen lo mismo”.