Suspensión de juicio a prueba para empresarios y exfuncionaria acusados por delitos ambientales

El juez Juan Pablo Valderrama aceptó la propuesta de resarcimiento que presentaron los imputados y con ello quedó trunca la posibilidad de concretar el primer juicio por delitos ambientales del país. Responsables de la empresa Werefkin y una exfuncionaria municipal evitaron el juicio y accedieron a una resolución alternativa del proceso. La Fiscalía apelará la decisión.

El caso investigado ocurrió en 2017 cuando, mediante una sentencia de amparo, la Justicia neuquina le prohibió a la empresa Werefkin y al Municipio de San Martín de los Andes que habiliten una nueva celda en el vertedero municipal, ordenó el saneamiento de las existentes y finalmente el cierre del basural que afectaba a más de seis mil vecinos domiciliados en los alrededores.

En ese contexto, el Municipio autorizó que se arrojen barros cloacales sin tratar, que tenía como excedentes la Cooperativa de Agua de la ciudad, y con ello se incrementó el riesgo para la salud pública.

El fiscal de delitos ambientales Maximiliano Breide Obeid acusó a los responsables de la firma, los hermanos Pedro y Pablo Werefkin y a la coordinadora del Organismo de Control municipal, Julieta Muñiz Saavedra ,y pidió el sobreseimiento de las autoridades de la Cooperativa de Agua Potable. Según su opinión, la situación descripta aumentó la peligrosidad sanitaria debido a la presencia de roedores, aves y otros animales que llevaban esos barros a diferentes puntos del barrio.

Esta semana era vital para el proceso judicial iniciado a partir de la formulación de cargos que planteó el fiscal Breide Obeid, pero la posibilidad de iniciar el primer juicio por delitos ambientales del país quedó frustrada a partir de la aceptación del tribunal neuquino de la propuesta que hicieron los imputados.

Como parte del acuerdo que les permitió evitar el juicio en su contra, los hermanos Werefkin deberán enripiar calles, con elementos de su cantera, con un costo de dos millones de pesos. Por su parte, la exfuncionaria acordó realizar trabajos comunitarios no remunerados en asistencia a una comunidad originaria.

La decisión del tribunal de admitir la suspensión del juicio a prueba será apelada por el fiscal Breide Obeid, quien pretendía llegar al juicio en el que los acusados se exponían a una pena de entre tres y diez años de prisión, en el caso de ser encontrados culpables.