EXCLUSIVO: HABLA EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN QUE ORGANIZA LA MARCHA A LAGO ESCONDIDO
"Vamos en paz, con la ley en la mano"
“Vamos en paz, con la ley en la mano”, asegura el presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA), Julio César Urien, en relación a la realización de la Sexta Marcha a Lago Escondido, una actividad que, en ediciones anteriores, estuvo envuelta en complicaciones diversas que incluyeron entredichos con lugareños, lo que derivó en agresiones y heridos.
Si bien la protesta por un libre acceso al espejo de agua, organizada por la FIPCA, estaba pautada del 7 al 10 de febrero, Urien –que ya se encuentra en El Bolsón– señala que ya el viernes dos grupos de personas comenzarán a desarrollar la actividad.
“La idea es, por un lado, entrar por el camino de montaña de Cajón del Azul, para luego acampar en ambas cabeceras del lago. Esa columna después regresará por el Camino de Tacuifí, mientras otra ingresaría por ese sendero y también llegaría al lago”, explicó el titular de la entidad, la cual, según indica, “está en función, sobre todo, de los recursos naturales, haciendo hincapié en la defensa territorial”.
“Nosotros impulsamos la presencia, a lo largo y ancho del territorio, de los jóvenes, planteando, justamente, que la presencia es soberanía, en el arco de la sustentabilidad ecológica”, dice.
Más allá de distintas acciones realizadas en la Argentina, puntualmente la que se desarrolla desde hace varios años en la zona, de acuerdo a lo que expresa Urien, responde a “la intención de poder ingresar a un lago que está apropiado por la empresa Hidden Lake, presidida por Joe Lewis, que no permite que nadie pase a ese espacio, que es público, como plantea la Constitución, e incluso un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, en el cual se definió un ingreso a partir de la ruta 40, desde El Foyel”.
“Ese fallo es de hace más de diez años, pero no se cumple, y nosotros hacemos esta marcha para que se respete la ley, y así poder ingresar a ese lago que nos pertenece a todos los argentinos”, aprecia.
El titular del grupo organizador informa que, en la acción, participarán personas provenientes de diversas ciudades del país.
“En ocasiones anteriores, hemos sido agredidos violentamente, por eso, más allá del fallo del Tribunal Superior, acudimos al juzgado en Bariloche, y también hemos contactado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad, para que nos garanticen nuestra integridad”, manifiesta Urien.
En tal sentido, señala: “El miércoles, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se puso en contacto con la Gobernación de Río Negro, para informar que vamos a hacer esta marcha, pidiendo las garantías correspondientes”.
“Desde la Secretaría plantean también que se cumpla el fallo, que refiere a la apertura del camino de Tacuifí, que hoy está bloqueado”, añade.
“Nosotros creemos que esto hace a un tema de defensa de nuestra soberanía, porque se trata de un propietario británico muy poderoso que no acata los fallos ni lo que plantea la Constitución”, sostiene.
En relación a los pobladores de la región que están en contra de esta movilización, opina: “Hay vecinos que ocupan tierras colindantes a las once mil hectáreas que tiene Joe Lewis; muchos de los que están ahí son empleados que trabajan en sus estancias. El problema es que no cumplen con la ley, ya que dicen que no hay ningún fallo judicial, pero desconocen que sí existe. Lo tenemos, se lo vamos a llevar y se lo mostraremos. Que ellos presenten alguno donde diga que ese es un camino privado… Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia que dice que el camino de Tacuifí es público, y se le dio la orden a la Gobernación, hace varios años, para que se lo termine de señalizar”.
“En su momento lo hemos recorrido, cuando estaba la jueza Erika Fontela, que determinó que podíamos ingresar. Lo hicimos, con la custodia de la policía de la provincia. Y después le realizaron juicio político por otras razones y la echaron. Pero lo concreto es que hay un fallo del Tribunal Superior que plantea que ese camino es público, así que vamos con la ley en la mano”, expone.
En cuanto a los hechos de violencia que se produjeron en la quinta marcha, en 2020, da su versión: “La última vez no pudimos ingresar por Tacuifí, porque fuimos agredidos con palos y piedras. Tuvimos algunos heridos, nos rompieron todos los vehículos…”.
Así, reflexiona: “Nosotros insistimos, porque esto no posible… Acá tenemos un montón de sectores populares y pueblos originarios que son reprimidos por ocupar tierras, pero hay un magnate inglés que no cumple con la ley, no acata un fallo de la Justicia, y no pasa nada… No hay ninguna autoridad que haga cumplir la normativa. Nosotros, como ciudadanos, estamos defendiendo nuestros derechos”.
–Según expone, FIPCA defiende principalmente la soberanía argentina…
–Sí.
–Y justamente por eso dice que no puede ser que un británico impida el paso al lago, pero, dentro de los pueblos originarios, ya que los acaba de citar, hay una corriente importante que habla de una nación aparte…
–Hay que ver el reconocimiento del Estado… Está la ley 26.160, que ordena el relevamiento de los territorios que los pueblos originarios reivindican, pero la provincia de Río Negro no lo ha hecho. Creo que es necesario avanzar en esa dirección.
–Pero una cosa es el derecho a propiedad en un territorio y otra una nación aparte…
–Y una cosa es la nacionalidad y otra el reconocimiento del Estado... En Bolivia, por ejemplo, hay un Estado plurinacional, donde se reconoce el Estado más allá de que se reivindiquen distintas naciones. Son temas sobre los que hay que dialogar. Pero me parece importante que se aplique la ley en la provincia, para hacer un relevamiento y ver las reivindicaciones que plantean esos sectores.
De regreso a la temática relacionada con la situación en la zona de Lago Escondido, concluye: “Joe Lewis y su administrador, Nicolás Van Ditmar, consideran que es privado, y no quieren que la ciudadanía acceda. Se trata de un enclave que se maneja al margen de la ley argentina. El empresario forma parte del poder real y condiciona al poder político, y la provincia está subordinada a eso”.