Revocaron sobreseimiento y extendieron investigación en la causa por licencias de conducir truchas

Los fiscales Guillermo Lista y Martín Lozada, acompañados por la querella en representación del municipio, solicitaron que se revoque la decisión de sobreseer a tres imputados por el caso de las licencias truchas dentro de la administración municipal y que se otorgue una prórroga a la investigación de carácter compleja. Les atribuyen haber montado una asociación ilícita que emitió 711 licencias de conducir apócrifas.

Los acusadores pidieron que se revoque la decisión que se tomó en torno a Juan Oyarzo, Eugenia Carballo y Manuel Aguirre, quienes habían resultado sobreseídos tras una decisión del juez de revisión, que resolvió no extender el plazo de investigación y eximir de responsabilidad a los nombrados, considerando que el plazo de investigación resultaba excesivo. El juez Joos anuló todo y la causa sigue en pie.

La causa había sido declarada de carácter complejo, ante la magnitud de los hechos investigados: más de una decena de personas investigadas por diversos delitos cometidos detrás de un escritorio comunal, que consintieron en una organización criminal que logró expender más de 700 licencias de conducir truchas, generando un perjuicio al erario municipal.

En el caso inicialmente estaban vinculados Juan Oyarzo, Alicia Vega, Malen Castro, Gladys Aranda, Eugenia Carballo, José Salazar, Walter Gallardo, Daniel Martínez, Luis Neculman, María Paz, Mariana Villalobo, Javier Namor, Fernando Sepúlveda, Manuel Aguirre y Graciela Pereira.

Para el fiscal Lista, todos los nombrados cometieron delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica, cohecho, falsificación de documentos y otros relacionados, integrando una asociación ilícita destinada a obtener beneficios personales en el trámite de otorgamiento de licencias de conducir, siendo la mayoría de ellos hasta la actualidad, empleados municipales de Bariloche.

Según la acusación, entre los años 2014 y 2016, un grupo de empleados de la Dirección de Tránsito del municipio local, armó una estructura delictiva a los fines de otorgar licencias de conducir, por fuera de las formalidades que exige la ley y lograron así, un perjuicio patrimonial para el Estado municipal, superior al millón y medio de pesos.

En la causa se constató que una persona que no pertenecía a la administración pública municipal, captaba los clientes que, a cambio de diversas cantidades de dinero, obtenían las licencias de conducir apócrifas, que los empleados municipales gestionaban y emitían fuera de los horarios de trabajo.