Carriqueo: “El decreto no es la mejor opción”

“Entendemos que el decreto presidencial va a ser muy endeble para garantizar la prosecución del relevamiento territorial”, expresó el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, en relación a la prórroga a la Ley 26.160 (de Relevamiento Territorial Indígena), que se dispuso bajo aquella modalidad en lugar de ser votada en la Cámara de Diputados.

“Que haya salido de esa forma significa, en principio, que la agenda del Congreso no tuvo en cuenta la situación indígena, a pesar de toda la violencia institucional que a diario vemos que se ejerce contra las comunidades”, consideró Carriqueo.

El werken habló de “una derecha con influencia sobre el Poder Judicial” y se refirió a la preocupación por lo que eso podría acarrear. “Ayer mismo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los diputados del PRO hablaron de judicializar la cuestión”, señaló.

Ahondando en el tema, recalcó: “Sabemos que el decreto va a ser judicializado y ese va a ser un gran problema”.

En la misma línea, pero aun más allá, expuso: “Si los relevamientos territoriales se judicializan van a estar cuestionados, por la provincia u otros actores. Con los decretos, cuando hay tantos intereses sobre la tierra, pasa eso”.

Y aclaró: “No es solo una posición mía, como werken del Parlamento, sino que se trata de algo que compartimos la mayoría de las asociaciones indígenas de la Argentina”.

“El decreto es complejo, porque, si bien preserva que no se caiga la ley, no garantiza la continuidad”, opinó, para luego señalar que el proceso estaría garantizado, precisamente, a través de una normativa “tratada en Diputados”.

“Exigimos que se la discuta, que los legisladores se saquen la careta y, en todo caso, muestren su racismo, pero es necesario que una ley de orden público de estas características sea convalidada en la Cámara de Diputados”, apreció.

En cuanto a cómo seguiría el relevamiento en las condiciones actuales, manifestó: “No sabría decir cómo continuará, pero sé que existirán grandes dificultades. Si hoy, siendo una ley de orden público, tiene muchos inconvenientes, por decreto no tengo esperanza de que se pueda terminar de hacer”.

“La Argentina tiene que reconocer el genocidio indígena para poder facilitar el grado de discusión sobre la tierra, en cuanto al derecho de las comunidades milenarias a estar en el territorio y el derecho al respeto a esa territorialidad; es necesario”, observó.

“Por eso, en quince años, fue muy dificultoso llevar adelante el relevamiento territorial de las comunidades, ya que en principio hay gran resistencia en las provincias para aplicarlo. Y si eso no se discute socialmente, la situación va a continuar así; es posible que pasen otros cuatro años y haya problemas para terminar ese relevamiento. La cuestión es una responsabilidad de la democracia y el decreto no es la mejor opción”, reflexionó.

En tal sentido, indicó: “Lo que tiene que hacer el Congreso es reunirse y que el Frente de Todos, el PRO y los partidos provinciales se muestren tal cual son y expresen todo el racismo que ocultan bajo un discurso de federalismo y de no violencia”.

“Si quieren, nosotros podemos hablar de violencia. Cuando se produjo el genocidio y en los últimos cien años, las comunidades hemos sido víctimas del peor atropello: prisión para meterse en los territorios, asesinatos para quedarse con los campos, violaciones, ataques, quema de rucas (viviendas mapuches tradicionales), ventas de tierras con comunidades dentro, desalojos violentos, persecución…”, enumeró, para luego sostener: “Los muertos que tienen las comunidades por problemas territoriales son incontables en la Argentina”.

De regreso al tema puntual de la prórroga de la Ley 26.160, remarcó: “Es una obligación del Estado, a partir de la Constitución y de los pactos internacionales. Hay que sacar la idea de que es una cuestión de la posición del gobierno. El tema tiene que ser una política de Estado, lo que es algo totalmente distinto. Las distintas administraciones deben atender la situación de las comunidades”.