Entrevista a María Elena Naddeo: “Se los acusa y estigmatiza por un panfleto trucho”

La copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo, durante un diálogo extenso brindó su opinión sobre los hechos que han trascendido a la Patagonia para alcanzar las primeras planas nacionales.

–¿Qué análisis puede hacer de lo que está sucediendo en este momento en la Patagonia?

–Desde la APDH, creemos que el conflicto mapuche se inscribe en un tema muy profundo, porque tiene que ver al despojo al que han sido sometidos en la Conquista del Desierto. Se trata de un tema histórico, una cuestión que lleva parte del siglo XIX y todo el XX, y en las últimas décadas lo que se observa es una recuperación de la identidad, con jóvenes generaciones que reivindican su pasado, la pertenencia indígena, su lengua y el derecho a utilizar y vivir en las tierras que fueron de sus ancestros. Es una temática compleja. La apropiación de los territorios ha sido un proceso que los ha ignorado, pero, con el avance de los derechos humanos, la Constitución Nacional incorporó el artículo 75, inciso 17, que reconoce los derechos preexistentes de las comunidades, o sea que esto es algo muy serio, y no puede ser desconocido por la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) o el gobernador de Chubut (Mariano Arcioni).

–Pero el accionar de los reclamos, con los asentamientos, ¿le parece el adecuado?

–Nosotros planteamos la utilización de métodos pacíficos. Rechazamos cualquier tipo de agresión contra la naturaleza o la población, pero no está claro quiénes cometieron esos incendios. Queremos ser serios, y no podemos estigmatizar a la población indígena por cometer incendios y agresiones, lo que no está debidamente probado.

–Me refiero también al hecho de ir y colocarse en un lugar sin un diálogo previo con el Gobierno nacional, provincial o quien corresponda…

–Los miembros del Parlamento Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI) nos han explicado que Cuesta del Ternero ahora es tierra fiscal, pero que además allí vivía una familia que fue expulsada, y cuya jefa de hogar, de apellido Quintupuray, fue asesinada (la referencia es a Lucinda, una mujer que en 1993 a los setenta y nueve años, fue acribillada en su cama) y lo mismo sucedió con otro miembro familiar (su hijo Victorio, que fue encontrado ahogado en el río Ternero)… Allí me parece que hay intereses inmobiliarios que siguen generando un proceso de desalojo y eso está convalidado por el poder político. Nosotros no queremos que se agudice el conflicto y apostamos a que los gobiernos de las provincias avancen con el censo de las tierras ancestrales, que inscriban las propiedades que son reclamadas por las comunidades, se haga el estudio de títulos, y parte de las tierras fiscales sea entregada a sus antiguos ocupantes. Esto tiene que ser un gesto político enorme, pero es muy difícil…

–A su entender, ¿habría que prorrogar una vez más la Ley 26 160, o crear una superadora?

–En primer término, hay que prorrogar ésta, porque es la que tenemos y vence a fines de noviembre, así que no hay más remedio que hacerlo, pero habría que realizar una propuesta superadora, con un proceso que, por supuesto, obligue más a cada provincia y se hagan los mapas correspondientes, de manera que los reclamos no parezcan arbitrarios o ilegales. En realidad, hay una legitimidad histórica y –si se quiere– un conflicto legal que es preciso superar.

–Puso en duda la autoría de los incendios. ¿Cree que está actuando la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) o puede haber otra cosa detrás?

–Creo que hay que diferenciar. Existen integrantes de las comunidades que quieren una metodología más radicalizada, pero la mayoría tiene métodos absolutamente pacíficos. En el caso de los incendios, no se puede culpabilizar en una primera instancia sin hacer una investigación. Yo escuchaba a una referente de la comunidad mapuche, Soraya Maiconio, que señalaba claramente que quienes están en Quemquemtreu no tienen nada que ver con eso. Se los acusa y estigmatiza por un panfleto trucho, sin una investigación independiente y objetiva. La verdad que tenemos nuestras sospechas, y por eso queremos que se averigüe en profundidad.

–Pero, como usted misma dijo, los grupos radicalizados existen. En ese sentido, ¿qué le pareció la presentación del embajador Rafael Bielsa en la audiencia judicial en Chile por la libertad condicional de Facundo Jones Huala?

–Los organismos de derechos humanos planteamos que quienes han sido detenidos por razones políticas deben estar en libertad. Desde la APDH seguimos la causa Jones Huala, y la verdad que él ni siquiera estaba en el lugar del incendio que se le atribuye, lo que pasa es que tiene un discurso donde reivindica ciertos métodos, entonces es muy difícil defenderlo; pero ya cumplió una condena, hace varios años que está preso.

–Tal como acaba de señalar, su discurso es violento, agresivo…

–Sí, pero en la Argentina –que es lo que quiso decir Bielsa– no se juzga a las personas por lo que piensan, sino por lo que hacen. En la causa de Jones Huala había muchas dudas, y además ya cumplió una condena importante, con lo cual pedir la libertad condicional es un gesto humanitario.

–La presencia del embajador, que acudió en persona, ¿no le parece demasiado? 

–Jones Huala es argentino… Creo que acá hay una operatoria política, orquestada desde la derecha, por Cambiemos, donde están al acecho de cada acción, se trata de una campaña persecutoria, no sólo contra los mapuches, sino contra los políticos que reivindican los derechos humanos.

–Hace veinte días estuvo reunida con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿lo ha vuelto a ver?

–No, pero intercambiamos mensajes.

–¿Cuál es la sensación sobre su accionar en lo que refiere a la situación que se vive en la Patagonia?

–Me parece que las responsabilidades del Ministerio y del Gobierno nacional con respecto a la provincia, en este caso, son difíciles de ignorar. El reclamo insistente de la gobernadora tuvo efecto. Lo que nos aseguraron, y eso lo vamos a monitorear fuertemente, es que la gendarmería no va a tomar ninguna resolución sin la consulta correspondiente al propio Ministerio, es decir ninguna decisión vinculada a reprimir. El comentario del ministro fue: “Hemos destinado fuerzas al sólo efecto de patrullar”. De todas maneras, nosotros le planteamos la necesidad de que el accionar del Gobierno nacional no sea solamente mirar el tema de la seguridad y darle el gusto a la gobernadora, sino procurar que se resuelva el tema de las tierras y de los derechos de los indígenas.