Avanzará investigación contra Martini y empresarios

El juez de garantías Ricardo Calcagno aceptó la formulación de cargos que planteó el fiscal Guillermo Lista contra la exintendenta y actual legisladora María Eugenia Martini por defraudación por administración fraudulenta y uso de documento público falso -dos hechos- y contra Juan Castelli -titular de la firma Oriente Construcciones- por los mismos delitos, pero en calidad de partícipe necesario. Las defensas anticiparon que apelarán el fallo.

El magistrado habilitó una etapa penal preparatoria de siete meses, atendiendo al pedido de habilitación especial de plazos a tenor de la complejidad del caso.

En audiencia oral desarrollada vía zoom, quedó por fuera el empresario Alberto Usandizaga -por no haber participado de la misma-, titular de Alusa, a quien el fiscal Lista atribuye también una participación necesaria en orden a los mismos delitos.

Según la teoría fiscal, mediante certificaciones apócrifas del avance de las obras de dos planes de viviendas enmarcadas en el programa nacional Techo Digno, se destrabaron desembolsos dinerarios del Estado nacional, y parte de ese dinero desapareció.

La fiscalía describió dos hechos relacionados con el programa nacional Techo Digno, que incluyó un primer plan de 376 viviendas y otro de 495 viviendas, configurándose así los dos hechos por los que requirió la apertura formal de la investigación.

Según la imputación, a través de acuerdos suscriptos por Germán Nivelo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, y María Eugenia Martini por el Municipio, se pactó la construcción de los dos planes de viviendas, quedando comprometido el Municipio a ejecutar las obras en 24 meses y la Secretaría a financiarla.

En el marco del primer acuerdo, las obras fueron licitadas según el siguiente detalle: Alusa resultó adjudicada por 95 viviendas a un valor de 30 millones de pesos; otras 121 viviendas por 38 millones y otras 80 viviendas por 25 millones. En tanto que Oriente Construcciones fue adjudicada con un plan de 80 viviendas con monto de 25 millones de pesos.

Según describió el fiscal, de los convenios suscriptos entre Nación y Municipio, surgen obligaciones para el intendente: respetar documentación y especificaciones técnicas, solventar diferencias, abonar mensualmente a la empresa contra certificación de obras, rendición de cuentas, presentar rendición mensual del uso dado a los fondos y rendición de los fondos, obligación de restituir los montos no rendidos, poner a disposición la documentación respaldatoria, preservar por diez años la documentación y comprobantes originales.

Según Lista, en el periodo comprendido entre abril 2014 y junio 2015, la municipalidad recibió 117 millones de pesos, transfiriendo indebidamente el 98,71% a las empresas contratistas, lo que no se condecía con el avance real de las obras.

Según detalló, el programa establecía un plazo de veinticuatro meses para la concreción de las obras, pero el último desembolso se anticipó a ese plazo casi un año, en virtud de certificaciones apócrifas del avance de obra.

Y detalló que Martini tenía a su cargo la administración y cuidado de los fondos y actuó violando los deberes inherentes de su cargo de intendenta y aquellos derivados del acto jurídico que firmó con Nación. Según su teoría, Alberto Usandizaga de Alusa y Juan Castelli de Oriente Construcciones, se beneficiaron indebidamente.

Además, apuntó que 16 millones de pesos no fueron utilizados para las obras encomendadas y el destino hasta el momento se desconoce

En relación al segundo plan de 495 viviendas la mecánica se repite. Las obras fueron licitadas y otorgadas a Alusa: dos proyectos de 100 viviendas a un costo de 50 millones de pesos cada uno, mientras que Oriente Construcciones resultó adjudicada por planes de 75 viviendas por 37 millones de pesos, 100 viviendas por 50 millones de pesos y otro de 120 viviendas a un valor de 60 millones de pesos.

Con la misma tónica del primer plan diseñado por Nación, se efectuaron desembolsos por un total de 205 millones de pesos, el equivalente al 82,7% del total, aunque en esta parte del proyecto las obras en algún caso ni siquiera habían comenzado. De ese segundo proyecto, según el fiscal Lista, se desconoce el destino de unos cinco millones de pesos.

Martini fue imputada por dos hechos de defraudación por administración fraudulenta y uso de documentos públicos falsos, mientras que Castelli fue imputado en carácter de partícipe necesario de ambos delitos. Alberto Usandizaga, a quien el fiscal Guillermo Lista pretendía imputar en las mismas condiciones que Castelli, no participó de la audiencia.

Oposición de los defensores

El defensor particular Juan Pablo Álvarez Guerrero en representación de Castelli y Sebastián Arrondo en representación de Martini cuestionaron la imputación del fiscal Lista y pidieron el rechazo de la formulación de cargos, alegando sobre diversos aspectos de la acusación.

Incluso Castelli y Martini tomaron la palabra para defenderse antes de que el juez de Garantías Ricardo Calcagno tome la decisión de habilitar formalmente la investigación por un plazo de siete meses.

La exintendenta y actual legisladora provincial enfatizó: “Nunca jamás ni en este o en otro caso utilicé fondos públicos para fines personales. Me interpelo y no hay en mi desempeño como intendenta de Bariloche nada ilícito, señor juez”.

Martini estuvo a punto de quebrarse en un par de momentos de su alocución, cuando hizo mención a su familia y sus hijos: “Debo exponer aquí mi falta total de responsabilidad en los delitos que se mencionan anteriormente, niego los hechos que me imputan, con absoluta tranquilidad y honestidad, reafirmo mi inocencia”, expresó.

La legisladora rionegrina habló de “Justicia salpicada”, recordó el exilio de Perón y mencionó a Cristinta Fernández de Kirchner al hablar de la persecución que “padecemos los gobiernos populares”, apelando a la “historia como testigo”

Al mismo tiempo, interrogó Martini: “¿Qué pasó con las causas por la calle Mitre?, ¿con la del hospital? Nada. Son del partido gobernante. Acá se avanza contra los peronistas”, cerró.