El caso Chocobar vuelve a poner la mirada sobre la Justicia

El caso “Chocobar” coloca nuevamente el foco en la justicia argentina, cuestionada duramente en los últimos años.

Los hechos datan del 8 de diciembre de 2017, cuando el turista estadounidense Frank Joe Wolek (57) caminaba y sacaba fotos por la zona turística de Caminito y fue abordado por Kukoc y un cómplice menor, quienes le robaron la cámara y le asestaron una decena de puñaladas en el pecho.

Así fue que policías otros policías comenzaron la persecución de estos delincuentes, hasta toparse con Luis Chocobar, quien salía de su domicilio y al grito de “alto policía” disparo tres veces de manera intimidatoria con su arma reglamentaria.

El caso había sido calificado como un caso de gatillo fácil. Los jueces terminaron condenándolo por homicidio en exceso de cumplimiento de un deber, con una pena de dos años en suspenso y cinco años de inhabilitación, lo que llevará a Chocobar a perder su trabajo, aunque no irá preso.

Este caso profundiza una grieta de los últimos años, relacionada con la policía vs delincuentes, cuestión que últimamente en la provincia de Rio Negro se viene discutiendo y que, en particular a los propios integrantes de la fuerza, les genera un interrogante en relación a su actuación ante la circunstancia de encontrarse con un delincuente.

Hace poco se recordará  el caso en Viedma de dos policías Sayueque y Cabrera, quienes persiguieron a una persona que escapaba de la ciudad de Viedma, hacia San Antonio, luego de haber iniciado un incendio en un domicilio, relacionado ello con un hecho un hecho de abuso sexual del cual sería el autor (la causa no continuo por la muerte del imputado). Los policías, en ejercicio, persiguieron a este sujeto, encontrándolo en el km 1071 de la ruta n° 3, provocándose la muerte del prófugo. El caso se resolvió en la justicia con un homicidio accidental y encubrimiento, con penas en suspenso, lo cual casi les cuesta el trabajo a los policías incluso por decisiones de los propios titulares de la fuerza, el Jefe de Policía, Osvaldo Telleria y la secretaria de Seguridad y Justicia, Betiana Minor. Incluso al día de hoy su futuro laboral es incierto, en función de la pelea dada en la justicia que no fue del agrado de los funcionarios de turno.

Asimismo, encontramos también el caso Huichaqueo, policía imputado por la muerte de un joven en el Barrio IPPV. Este joven, conocido por hechos de delincuencia previas (ver video), ingresa a robar a la casa de la madre de Huichaqueo, una mujer mayor de edad.

La policía intercepta a este joven junto a otros con los elementos del robo en la plaza del IPPV. Se genera un inconveniente allí, incluso agreden a uno de los policías que intervinieron. Huichaqueo dispara su arma (dicen algunos testigos para asustar) y se va a su domicilio. Cuando llega allí, Vera y otros jóvenes empiezan a agredir al policía con piedras y disparos. Este dispara el arma en varias ocasiones, hasta que uno le impacta en el joven por rebote. La fiscalía pretende llevar a juicio al policía con una pena alta (11 años según trascendidos), pero evitando el juicio por jurados y que la gente juzgue el caso. Hasta que el juicio se haga, el policía se encuentra sin trabajar. El caso del robo fue archivado por la misma fiscalía sin encontrar a los culpables.

Estos no son los únicos en la provincia: en Cipolletti y Roca se han dado otros casos de enfrentamiento entre policías y ladrones. La lista es larga.

Estos casos generan una controversia social, en particular una disconformidad con la mirada de la justicia hacia la policía en función de la utilización de criterios tan duros contra unos (los policías), en cambio mano blanda con los delincuentes.

Por otro lado coloca a los policías en una situación de complejidad ante el enfrentamiento con personas que delinquen, puesto que no solo su vida allí está en riesgo, sino incluso su libertad y trabajo.

Por su puesto que no escapa al análisis la actuación de los mismos policías y si están efectivamente preparados para portar un arma, con el peligro que ello acarrea.

Pero sobre todo esto coloca a la sociedad en su conjunto en un problema. Delincuentes cada vez más agresivos, policías en situación de complejidad y una justicia desconfiada por sus propias actuaciones.

El caso Chocobar vuelve a poner la mirada sobre la justicia. Y la Rionegrina no está exenta. El tiempo dirá si esta está a la altura de las circunstancias.