2021-02-19

LA EX MINISTRA OPINÓ SOBRE EL CONFLICTO ENTRE EL CONCEJO Y LA JUSTICIA

Patricia Bullrich: “Villa la Angostura: de paraíso a infierno judicial”

El escándalo político que tiene sumergido en una crisis institucional a la vecina localidad de Villa la Angostura, suma un nuevo capítulo.

La ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO en todo el país, Patricia Bullrich, opinó en su cuenta de Twitter, sobre la imputación que hizo la justicia neuquina a todos los integrantes del Deliberante angosturense.

Se trata de los ediles David Tressens Ripoll, Walter Espíndola y Melisa Salamanca (MPN), María Eugenia Mesa y Sergio Troche (FDT), Marta Ciccone (PRO) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura).

“Villa La Angostura: de paraíso a infierno judicial. Respaldo a los siete concejales imputados por un juez oficialista para que no sancionen a un ex secretario municipal, acusado con prueba de corrupción. ¡Los banco!”, expuso la ex funcionaria en su cuenta personal.

Cabe mencionar, que en La Angostura, el PRO (o en su defecto Cambiemos), siempre tiene buen desempeño electoral en las elecciones nacionales. De hecho, es un distrito donde ha triunfado en varias oportunidades.

Ya en el plano local, el MPN hace notar su supremacía. Pero en la última elección municipal, el partido de Macri logró conseguir una banca dentro del Concejo Deliberante, la cual también fue imputada.

La acusación que pesa contra los parlamentarios, es que el 15 de enero pasado, “desobedecieron la orden dictada por el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, cuando dieron inicio a la sesión en el Concejo Deliberante”, pese a que había una orden del día anterior donde se obligaba a la “la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante, de la sala juzgadora, bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial”.

Por lo tanto, se los acusa a los siete ediles del supuesto delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.

Además, el fiscal jefe Fernando Rubio y el fiscal adjunto Ramiro Amaya, atribuyeron al presidente del organismo, Tressens Ripoll, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los fiscales entienden que hay numerosas pruebas contra los funcionarios. La investigación se extenderá por un año.

Diego Llorente

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