¿Por qué al defensor del Pueblo no lo elige el pueblo?

En los próximos días se abre una vez más, el periodo de inscripción para todas las personas que estén interesadas y aptas en ocupar el puesto de defensor del Pueblo, cuyo mandato vence el 15 de mayo y que actualmente ocupa Beatríz Oñate desde hace casi cuatro años.

Serán 20 días para poder anotarse. Luego, cada uno de los inscriptos deberá elaborar un proyecto de trabajo que se presentará en una audiencia pública posterior, frente a los concejales de turno.

Previo a un periodo de impugnaciones, los diferentes bloque políticos que conforman el Deliberante Municipal, deberán sesionar en forma extraordinaria y elegir al sucesor o sucesora de Oñate. Se requiere los dos tercios del organismo, es decir, 8 votos sobre 11 posibles, como mínimo.

Y aquí surge el punto de inflexión. La elección del defensor o defensora es por un sistema de democracia indirecta, donde serán los 11 ediles (los que estén en funciones), quienes tendrán que acordar y negociar políticamente, para definir al próximo titular para el cargo.

Entonces, el proyecto, la trayectoria y la aptitud de las personas, pasan a un segundo plano. Cuando en realidad, debiera ser lo más relevante. Claramente, en un puesto donde hay que defender a la ciudadanía de que no se vulneren sus derechos, no debiera ser menor la experiencia o el curriculum vitae de la figura que se elige.

Incluso, la Carta Orgánica expresa al respecto: “Para su designación se convoca a concurso público y abierto de postulantes, realizado en función de sus antecedentes, méritos, calidades morales y ciudadanas”. Eso será según el criterio de los legisladores locales, claro está.

¿Qué se acuerda y qué se negocia para la elección? Los ediles -puntualmente los presidentes de cada bloque- tienen una interesante herramienta de negociación, que son los puestos políticos dentro de la Defensoría. Actualmente, suman un total de 15, los cuales suelen repartirse, ni más ni menos.

Lo curioso es que al defensor del Pueblo no lo elige el voto popular. De hecho, esto es así en casi todo el territorio nacional y siempre es un punto crítico del sistema democrático imperante.

Además, lo más llamativo en el caso de Bariloche, es que para destituir del cargo al defensor, las condiciones ya son más estrictas y en esa instancia no son los concejales quienes deben decidir. Básicamente, se requiere el inicio del proceso de revocatoria de mandato y el posterior referéndum popular (como sucedió con el exintendente Omar Goye).

O sea: para nombrarlo el pueblo no vota, pero para sacarlo sí. Vaya si no es curioso. Aunque cualquier detractor a esta teoría, podrá decir que los concejales son los representantes de la ciudadanía y que en el caso de Bariloche, hay 11 ediles porque representan a los 110 mil habitantes que la ciudad tenía hasta el último censo poblacional.

Otro dato cuestionable de la actual estructura de la Defensoría, es que, a diferencia de numerosos ejemplos en el país, en esta ciudad no existe la figura del defensor adjunto.

El antecedente revelador

Y expuesto todo esto, es que hay que recordar lo sucedido en 2011 durante la “suspensión” del cargo del primer defensor del Pueblo de Bariloche, Vicente Mazzaglia, quien fue acusado por malos tratos a una parte del personal del área.

Allí, el Concejo Municipal primero lo suspendió por 90 días para investigar las irregularidades denunciadas. Extendió el plazo por otros tres meses, y luego lo amplió hasta el final del mandato.

Es decir, lo hizo cesar de sus funciones pero sin echarlo por referéndum popular como marca la Carta Orgánica, razón por el cual Mazzaglia fue a la Justicia.

Mientras que en cuanto a temas operativos, ese accionar dejó en evidencia la falta de un defensor adjunto que cubriera la vacante, ya que en esa oportunidad, el Deliberante intervino la Defensoría y la secretaria legislativa ocupó el puesto de defensora.

Finalmente, la Justicia declaró “inconstitucional” el accionar de los concejales, puntualizando en que no se cumplió con el proceso de revocatoria de mandato y el voto popular para correr a Mazzaglia de la silla de la Defensoría. Y fue la Municipalidad (con el dinero de todos los contribuyentes), quien debió indemnizar a Mazzaglia y no los concejales que tomaron oportunamente las decisiones y que sancionaron las ordenanzas. 

Ahora se abre un nuevo proceso, donde hay una nueva oportunidad de seguir corrigiendo errores y mejorando el sistema democrático. Aunque claro, para modificar aspectos más amplios y genéricos, habrá que esperar hasta 2027, año en que Bariloche volverá a revisar y actualizar su Carta Orgánica.

Diego Llorente