El desalojo, cada vez más cerca

La Justicia Federal podrá definir el desalojo de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del predio de Parques Nacionales de Villa Mascardi, ya que quedó firme el procesamiento de sus integrantes.

Desde la Gremial de Abogados se había solicitado la ratificación de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que había dispuesto el sobreseimiento de los miembros de la citada comunidad mapuche, pero la Cámara de Casación Penal anuló aquella resolución y remitió el expediente al Juzgado Federal, que podrá disponer el desalojo.

El juez Diego Barroetevaña consideró que los acusados actuaron, en la toma, con “violencia, clandestinidad y amenazas”, lo que, según apreció, quedó demostrado a partir de registros telefónicos y la comprobación de la presencia de los mismos en la zona.

Además, a partir de un mensaje que data del 25 de noviembre de 2017, fecha en la que, cabe recordar, falleció Rafael Nahuel, el magistrado resaltó el protagonismo en el asentamiento de Cristian Colhuan, quien anticipó que tomarían el lugar, dijo la hora de reunión y, asimismo, avisó acerca del choque con las fuerzas federales.

A la vez, el juez recordó la participación de Joana Colhuan, quien resultó herida de bala durante el enfrentamiento. Aquella vez, el actual legislador provincial Ramón Chiocconi (por aquel entonces, concejal), en su carácter de médico, fue quien se encargó de auxiliarla.

La jueza Ana María Figueroa, en tanto, votó en disidencia y rechazó el recurso de casación que interpuso el fiscal general, ya que apuntó que no se rebatieron “de manera adecuada y suficientemente expuesta los argumentos que permitan advertir el yerro imputado” al tribunal de Roca.

En cuanto a las conversaciones telefónicas que se utilizaron a manera de pruebas, las calificó de “insuficientes” para comprobar el hecho. Incluso solicitó que se realizara un análisis de acuerdo a los compromisos que la Argentina sigue en materia de Derecho Internacional de Derechos Humanos, ya que los procesados afirmaron ser miembros de una comunidad mapuche.

El juez Daniel Petrone, por su parte, acompañó a Barroetevaña, ya que alegó que, para acompañar el sobreseimiento, la Cámara de Roca tuvo en cuenta elementos que “no resultan aptos”. También consideró que se había llevado a cabo un “análisis fragmentado”, donde no se contemplaron las comunicaciones telefónicas. Además, destacó que no se realizó un pedido para profundizar en la investigación. Ante estas acciones (o falta de ellas, en realidad), habló de un “desacierto”.

De esta manera, la decisión se tomó por mayoría, y se hizo lugar al recurso de Casación que interpuso el Ministerio Público Fiscal en la causa por usurpación.

Cabe mencionar que, a principios de diciembre, ya se había rechazado un recurso de queja presentado por la Gremial de Abogados.

Christian Masello