Tiroteo y muerte en Bariloche: otros dos hombres fueron imputados por efectuar disparos y dejar un herido de gravedad

La Justicia tuvo por formulados los cargos contra Facundo Emilio Rojel y Juan Gabriel Vergara por el ataque con armas de fuego ocurrido en el marco del enfrentamiento entre dos grupos familiares en el barrio Bella Vista. Uno de los hombres baleados permanece internado en terapia intensiva, con riesgo de vida, mientras que otro sufrió una lesión leve.

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La audiencia de este miércoles fue la segunda realizada por el violento episodio ocurrido el lunes 9 de noviembre en Diagonal Gutiérrez que terminó con la muerte de Daniel Guerra. En la primera, otros dos hermanos habían sido imputados por el homicidio simple del hombre, al que se les atribuye haber atacado con armas blancas que todavía no fueron encontradas.

En esta oportunidad, la investigación se concentró en la secuencia de disparos que precedió al homicidio. Según la acusación fiscal, Rojel y Vergara participaron como coautores de un ataque contra tres integrantes del otro grupo familiar. La Fiscalía les atribuyó los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por el uso de arma.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por los fiscales, ambos aguardaron la llegada de sus familiares y se prepararon para confrontarlos. Rojel tenía un arma de fuego, mientras que Vergara portaba un elemento contundente de grandes dimensiones, similar a un palo.

Según el relato, cuando los otros tres hombres se acercaron, comenzó una discusión. Inmediatamente después, Rojel habría apuntado y efectuado un primer disparo. Cuando las víctimas comenzaron a retroceder, avanzó hacia ellas y continuó disparando, pese a que intentaban alejarse.

La Fiscalía sostuvo que Vergara permaneció junto a Rojel durante la agresión y participó del ataque con el elemento contundente que llevaba. Para los investigadores, ambos actuaron de manera coordinada y con la intención de atentar contra la vida de los integrantes del grupo contrario.

Como consecuencia de los disparos, uno de los hombres recibió tres impactos de bala en la zona del tórax, el abdomen y una pierna. Las lesiones fueron calificadas como graves y con riesgo de vida. El paciente debió ser intervenido quirúrgicamente y continúa internado en terapia intensiva. Otro de los integrantes del grupo sufrió una lesión leve, compatible con el roce de un proyectil en una de sus piernas.

Como principal evidencia, la Fiscalía mencionó un registro de video tomado por una vecina. En las imágenes, según explicaron los fiscales, se observa el desarrollo de la agresión y se pueden identificar los roles que habrían tenido los imputados.

Los investigadores señalaron que Rojel efectuó cuatro disparos, tres de los cuales impactaron en uno de los hombres y otro rozó la pierna del segundo herido. El arma utilizada todavía no fue encontrada.

También indicaron que ambos imputados se retiraron del lugar después del episodio. Vergara habría escapado en un vehículo gris, mientras que Rojel lo hizo corriendo. Más tarde se presentaron en dependencias policiales bañados y con ropa cambiada, una circunstancia que, según la Fiscalía, impidió realizar pericias para detectar posibles residuos de disparos.

Durante la audiencia, también se hizo referencia al prolongado conflicto familiar por la posesión de dos lotes, identificados como los números 97 y 98, donde viven integrantes de los grupos enfrentados. La disputa registra antecedentes judiciales y legajos en trámite ante el fuero de Familia.

Los defensores adelantaron que sus asistidos no declararían y que tienen una teoría del caso diferente a la planteada por la Fiscalía. Sin embargo, no formularon objeciones a la formulación de cargos ni al plazo solicitado para desarrollar la investigación.

El juez Juan Pablo Laurence tuvo por iniciada formalmente la investigación penal preparatoria y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados. Para Rojel, a quien la Fiscalía señala como quien portaba el arma y efectuó los disparos, fijó la medida hasta el 11 de marzo de 2027. Para Vergara, estableció un plazo hasta el 11 de enero.

La Fiscalía fundamentó el pedido en el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Señaló que todavía deben declarar seis testigos, entre ellos integrantes de las familias enfrentadas y vecinos, y que es necesario preservar esos testimonios.

La defensa no se opuso a las medidas cautelares, aunque pidió que ambos hombres pudieran permanecer alojados en una misma dependencia. El juez hizo lugar al planteo y solicitó a las autoridades policiales que procuren un lugar de alojamiento conjunto.

También autorizó que la vivienda vinculada al conflicto sea entregada al padre de uno de los imputados, con el objetivo de que pueda custodiarla y evitar nuevos enfrentamientos entre familiares.