Otro durísimo cruce entre Juntos y el FDT: acusaciones mutuas de corrupción

En el marco de la comisión conjunta de Gobierno y Legales en el Concejo Deliberante, la edil del Frente de Todos, Julieta Wallace, encabezó la lista de quejas al gobierno municipal.

Principalmente, reclamó que “un 23 de diciembre al mediodía”, ingresó la propuesta que busca crear dos fondos de salvataje para el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

“Estuvieron todo el año con el problema del TUP y lo presentan ahora. O son unos improvisados o están haciendo a propósito esto para que pase por debajo de la mesa. No vamos a acompañar ninguna de las dos cosas, es una falta de respeto para los vecinos y para nosotros. Es una falta de respeto para un Concejo que acompañó la gestión en el medio de una pandemia. Este nuevo sistema tenía que comenzar a tratarse en el mes de agosto, no en diciembre. Son unos improvisados”, atacó la parlamentaria.

Su compañera de bloque Roxana Ferreyra, reforzó en la misma línea: “aparecen los proyectos de estos fondos cuando la gente está entretenida en otra cosa, cuando además se está esperando al turismo. Es muy triste y lamentable. A esta altura del año, estar pensando en esta situación no es grato. Si bien los que están abajo son los que peor la pasaron con la pandemia, esta vez le tocó a todos. Pero ustedes mandan impuestazos, nuevos fondos, nuevos tributos, esto es desesperante”.

En la comisión estaba como invitado el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, quien visiblemente molesto respondió con dureza: “el 23 de diciembre es un día hábil y nosotros seguimos trabajando, no hacemos como el gobierno anterior (de María Eugenia Martini) que un 30 de diciembre fue a incautar colectivos, motores y gracias a eso, hoy tenemos un juicio millonario por un secuestro de colectivos”.

Claramente, el funcionario se refería a la situación generada con la empresa Tres de Mayo, cuando se rescindió de forma intempestiva el vínculo, se intervino la firma y se retomó el servicio con Autobuses Santa Fe.

Pero Barberis fue más allá: “entonces, se aprobarán o no (los proyectos que proponen crear fondos para el TUP), pero las nuestras son posturas técnicas, de haber trabajado largamente con la Provincia, con Nación y con la SUBE en soluciones para el Transporte Urbano de Pasajero. Pero claro, es más fácil incautar un 30 de diciembre y darle el servicio a un amigo”, en referencia a que Autobuses Santa Fe está vinculado a la familia del actual ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Wallace levantó el tono y tomó la palabra diciendo que “esta es la política que hace Juntos Somos Río Negro en la ciudad. En vez de estar leyendo un dictamen, están en Radio 6 hablando en contra de los guardavidas. La falta de responsabilidad y profesionalismo con que se manejan, es llamativa. Ahora viene acá con chicanas, cuando los ciudadanos esperan que brinde soluciones, no chicanas”.

“Le generan más tristeza y desesperación a la gente, no solo con un 40% de aumento, sino que van a tener que pagar un servicio, por no fiscalizar a la empresa como debería. La empresa no puede llevar adelante el servicio, y no hay que olvidarse que fue una empresa que ustedes trajeron en 2016 y nos vendieron como la panacea”, continuó.

Añadió que “con las chicanas no van a ningún lado. Están desesperados llamando a los concejales para conseguir los votos. Si no tienen los votos se van a estrellar contra la pared, no va a pasar ni la CAE, ni la tasa, ni el presupuesto 2021, ni el aumento de tarifas. Me parece que están perdidos políticamente y no entienden cuál fue el año que pasamos de pandemia”.

“Solo llegan chicanas políticas de un juicio millonario y por qué no hablamos del juicio de OPS. Querían esconder la deuda de 300 millones que pide OPS en el presupuesto. Ustedes hablan de lo que les conviene, ustedes necesitan nuestros votos y nos vienen a chicanear. Les digo que se asesoren bien. El acuerdo entre presidentes de bloque se acaba de romper con estos dos proyectos presentados. Se van a ir sin nada, sin el pan y sin la torta”, redondeó Wallace.

Cabe mencionar, que OPS es la firma a la que el municipio le alquila maquinaria vial por una cifra millonaria, que fue declarada en quiebra el año pasado y que la Justicia puso la lupa bajo sus movimientos. Su propietario original no puede disponer de los bienes, ya que están bajo la tutela de un síndico judicial. El gobierno siempre defendió ese arriendo, exponiendo que es "muy beneficioso" para Bariloche.

Por su parte, el edil del PUL, Gerardo Del Río también se mostró disconforme con el oficialismo y se limitó a decir: “me da mucha pena que estemos pasando este papelón”; se le sumó Ariel Cárdenas (Juntos por Bariloche), señalando que en “el acuerdo que teníamos no estaba estipulado nada de esto. Es lamentable esto que está pasando”.

Diego Llorente